Fiscales de delitos contra la vida, del Ministerio Público, acudieron esta mañana al Congreso, con el fin de investigar el supuesto intento de envenenamiento del que habría sido víctima el director general del Congreso, Emilio Dávila.
El presidente de ese organismo, Mario Taracena, indicó que se interpuso una denuncia al respecto, por considerar que el hecho sería una represalia de los trabajadores por las medidas que se han implementado luego de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Servicio Civil del Parlamento.
Entretanto, unas 125 empleadas, respaldadas por el dirigente sindical Alfredo Tumax, acudieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde interpusieron una denuncia en contra del legislador por acoso laboral y psicológico.
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