La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó información a los Ministerios de Finanzas y Economía, así como a la Comisión Portuaria Nacional, para comenzar a estudiar la viabilidad del convenio entre APM Terminals y el Estado, con el cual se busca otorgar una concesión a esa empresa para la entrada en funciones de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en el Puerto de San José, Escuintla.
Según Anabella Morfín, titular de la PGN, los datos servirán para definir si la propuesta de APM, en cuanto a otorgar US $43.2 millones (Q326 millones 592 mil) en resarcimiento por daños y perjuicios, es favorable para el país en términos legales y económicos, tal como lo habría instruido el presidente Jimmy Morales.
Replantear acuerdo
La funcionaria se reunió con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, quienes le requirieron evaluar los montos que el Estado recibiría por año por el arrendamiento del espacio que TCQ ocuparía en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), así como por el ingreso de contenedores.
“En ese aspecto, es necesario hacer una proyección de las ganancias que la empresa percibiría a largo plazo, con el fin de establecer el esquema económico más apropiado para que el país no reciba solo una pequeña parte de las utilidades”, manifestó el congresista Carlos Barreda.
El interventor de TCQ, Alexander Aizenstatd, opinó que la medida sería acertada, pues permitiría resolver el conflicto legal generado por la suscripción anómala del usufructo, efectuada durante la gestión de Allan Marroquín en la EPQ, donde la Contraloría General de Cuentas analiza otros 17 convenios.
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