Con el apoyo de 100 diputados, el Congreso ratificó ayer el estado de calamidad declarado por el Ejecutivo en el municipio de Jerez, Jutiapa, con lo cual le otorga 30 días para tomar las acciones que considere pertinentes para atender a la población que se ve afectada por los deslaves provenientes del volcán Chingo.
Tales medidas serán fiscalizadas por Carlos Martínez, Patricia Sandoval, Santiago Nájera y Óscar Escribá, representantes de ese departamento, según se estableció en el Decreto 31-2016.
Los parlamentarios también eligieron y juramentaron a María Eugenia Morales Aceña como magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en sustitución de Vladimir Aguilar, quien renunció al cargo el 13 de mayo, y quien es investigado por su presunta vinculación al contrato irregular de la empresa Terminal de Contendores Quetzal.
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