Por no acudir a las citaciones hechas por los diputados, los ministros y otros funcionarios de Estado podrían enfrentar penas de entre 2 y 3 años de cárcel, pues así lo norma el Decreto 13-2016, aprobado este mediodía por el Congreso.
Según lo avalado, los parlamentarios tendrán que notificar de la citación con 4 días de anticipación y se tomará como única excusa válida para inasistencia de los funcionarios la notificación de padecimientos médicos debidamente certificados, la cual tendrán que hacerse llegar a más tardar en las 24 horas siguientes a la cita.
Además, se establece que la Corte Suprema de Justicia no podrá rechazar un proceso de retiro de antejuicio que competa al Parlamento.
Para ello, los congresistas avalaron diversas modificaciones al Código Penal y a la Ley en Materia de Antejuicio.
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