Se demuestra la necesidad de revisar un texto que fue un ejemplo en Latinoamérica.
Diputados antes pertenecientes al partido Libertad Democrática Renovada (Líder) y ahora integrantes del bloque parlamentario Movimiento Progresista (PRO), solicitaron recientemente al Congreso que se convoque a Asamblea Nacional Constituyente para reformar 22 artículos de la Constitución Política de la República y así reducir la cantidad de parlamentarios, así como modificar la aplicación de la pena de muerte y la explotación minera, entre otros.
Por otra parte, el Congreso de la República se prepara a recibir propuestas de reformas constitucionales relativas a la Justicia, que emanarán de mesas de trabajo a ser convocadas y coordinadas por el Procurador de los Derechos Humanos, la Fiscal General y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Participarán representantes de la sociedad civil, colegios profesionales y académicos, con el acompañamiento de la CICIG y su conformación se prevé para la primera quincena de marzo, contando con un plazo de cuatro meses para presentar sus propuestas ante la actual legislatura. Además, se debe recordar que, en el contexto de las movilizaciones masivas realizadas entre abril y septiembre del año pasado, la Asamblea Social y Popular demandó la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, multisectorial y plurinacional que redacte una nueva Constitución, partiendo de los Acuerdos de Paz y fundamente “…el reconocimiento y respeto de los derechos de los Pueblos Originarios, incluyendo el respeto a los territorios”.
La primera iniciativa ha sido recibida con escepticismo y desconfianza por los otros bloques parlamentarios, mientras que el Presidente del Congreso se ha comprometido a que este conozca con celeridad y transparencia las propuestas que sean presentadas por las mesas multisectoriales de trabajo y respecto a una Asamblea Constituyente de carácter multisectorial y popular, se desconoce si dicha demanda será reiterada por quienes la plantearon.
La Constitución Política vigente arribó en 2015 a sus 30 años de vida, después de una serie de reformas aprobadas mediante un referéndum en 1994 y otras, derivadas de los Acuerdos de Paz, que fueron rechazadas en 1999. En todo caso, el tema vuelve a estar en el primer plano del debate político y con ello se demuestra la necesidad de revisar un texto que en su momento fue considerado uno de los más avanzados de América Latina, pero que ahora debe responder a los nuevos temas, problemas y desafíos que enfrenta la construcción de la democracia en Guatemala.
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