Ninguna administración predecesora tuvo los obstáculos presupuestarios y financieros.
No necesitamos inventar la rueda, el agua azucarada o cualquier otra obviedad para percatarnos de la compleja y complicada situación en la que nos encontramos inmersos. No admitirlo es una obstinación de perogrullo que a nadie beneficia. Es una pérdida generalizada en la que el único ganador es el anarquista enquistado (en donde sea que esté anquilosado para sus propios intereses).
Hace casi 8 años, Mauricio de Vengoechea, colombiano, escribió un acertado glosario de recomendaciones generales que tituló: Herramientas para apagar una crisis de gobierno. Como seguramente quienes se precian de pertenecer al círculo inmediato de consejeros palaciegos no serán desplazados o sustituidos, harían bien en hacerse de un ejemplar y darle una profusa lectura con el fin de evitar mayores daños y otras temibles consecuencias para la gobernanza chapina.
En las primeras secciones del libro, el autor establece tres conceptos importantes y diferenciados: administrar, comunicar y gobernar. Y, en principio, de eso se trata en toda gestión pública. Aunque en nuestro país parece que sí, en la práctica nada se administra por inercia. Todo ha de tener un sentido de orientación. Un punto que señale la trayectoria a seguir con su respectivo equilibrio.
Otro aspecto que resalta es el relativo a que las crisis no todas tienen salida, pero sí todas son objeto de manejo. El autor en este sentido diferencia las crisis en ocasionales, permanentes e impredecibles. Para los dos primeros escenarios presupone la siguiente premisa (de manejo): nunca hay tantas crisis como las que creemos ver. En tanto, para las crisis permanentes sugiere: evitar caer en el ojo del huracán es una habilidad que todo gobernante debe aprender a desarrollar; además, apunta: toda crisis permanente trae consigo una cuenta de cobro que la historia tiene para los gobernantes afectados.
Es importante señalar los obstáculos ligados a la ejecución presupuestaria y la camisa de fuerza que constituyó la emisión del Decreto Número 9-2015 por parte del Congreso de la República. Con dicho decreto se incorporaron una serie de reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, en las que prácticamente, en palabras de otra persona, “por la transparencia se castigó la capacidad de ejecución” del erario nacional. No ha de evaluarse el desempeño y el comportamiento en los egresos públicos de igual manera a ningún gobierno anterior. Toda vez que ninguna administración predecesora tuvo los obstáculos presupuestarios y financieros, ahora convertidos en norma de acatamiento obligado. Atención, esa ligereza comparativa es propia de una irresponsabilidad que acrecienta los sinsabores de una crisis que, pareciera, algunos no desean abandonar por ningún motivo.
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