El desprecio por la vida que los pandilleros expresan hacia su prójimo se acentúa cada vez más.
Los actos de auténtico terrorismo urbano con los que siembran el temor y la zozobra las denominadas maras en la sociedad, entiéndase “pandilla Barrio 18 y la Salvatrucha”, por ejercer el control en determinadas áreas del país, no tienen parangón. Prueba de ello, el ataque armado acontecido el 1 de mayo de este año en la colonia El Búcaro, zona 12 de Villa Nueva, en el cual perdieron la vida 4 mujeres, y un menor de edad resultó herido.
El desprecio por la vida que los pandilleros expresan hacia su prójimo se acentúa cada vez más al evidenciar la forma inhumana con la cual esas lacras sociales ejecutan a sus víctimas, sean estas de la pandilla rival, por venganza, o mujeres y niños inocentes, en el lugar y hora menos indicados.
La población cada día sufre los embates de la violencia a manos de esas organizaciones criminales, que buscan amedrentar a la ciudadanía con su manera de operar en cuanto a la extorsión y, posterior asesinato, al no cumplirse con las cantidades de dinero exigidas, o simplemente por adueñarse del área en conflicto.
No hay que perder de vista que los objetivos que esos grupos delictivos persiguen van desde la territorialidad, la expansión, la criminalidad, hasta el afianzamiento del poderío de una pandilla sobre la otra.
Sin duda, es el fenómeno criminal del siglo que mantiene en vilo a las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana, pues esas estructuras poseen su propia organización y sus propias leyes, siendo las principales aliadas del crimen organizado y su multiplicidad de actividades delictivas. La ausencia de políticas públicas orientadas a la prevención, la rehabilitación y la reinserción social ha forzado a los Gobiernos centroamericanos que padecen ese mal, a plantear soluciones insuficientes para frenar la magnitud de ese fenómeno que paulatinamente se extiende sin que nada ni nadie pueda controlarlo.
Esos hechos criminales que generan las maras diariamente y que van desde los asaltos, violaciones, narcomenudeo, extorsiones, secuestros, hasta el sicariato, afectan a la población, pero especialmente a nuestra niñez y juventud, por su enrolamiento y participación activa en esas bandas que amenazan con apropiarse de zonas, colonias y municipios de la nación.
Alarma y preocupa observar que esas estructuras criminales cada vez más las integran personas desde edades muy tempranas que, aun siendo infantes, son organizadas para que operen con total impunidad y sin una pizca de piedad en el momento de cometer un asesinato. En ese sentido, la realidad que vivimos impone nuevos desafíos, no solo a las instituciones que velan por la seguridad pública sino también a las que imparten justicia, pues si no contamos con jueces que castiguen con todo el peso de la Ley a esos criminales, nunca erradicaremos ese endémico mal. Insisto en que para enfrentar a esas personas cuyo comportamiento es de un salvaje parasitismo social se necesita de una ciudadanía comprometida con su país, con una cultura de denuncia permanente para coadyuvar con el trabajo que las autoridades realizan en su combate frontal contra los verdugos de la armonía y la ansiada convivencia pacífica de nuestra sociedad.
