Una expectativa de vida que hoy se derrumba ante la imposibilidad de encontrar una definitiva solución.
Su peor pesadilla no fue llegar indocumentados al país de las utopías, fue refugiarse en el programa de protección a los migrantes conocidos como “soñadores”, recientemente desbaratado por el excéntrico mandatario de los Estados Unidos de América, Donald Trump, en una más de sus descabezadas e inhumanas acciones. Unos 800 mil jóvenes, en su mayoría mexicanos, pero también centroamericanos, quienes hasta ahora se beneficiaban del plan de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca, por sus siglas en inglés), quedarán en un limbo jurídico y, por supuesto, a merced de su inmediata deportación, si el Congreso estadounidense no aprueba urgentemente una ley que contemple su situación antes del 5 de marzo de 2018.
Vale recordar que el gobierno de Barack Obama, ratificó el programa Daca, mediante orden ejecutiva en 2012, ante el impedimento del Congreso en aprobar protección alguna a esos adolescentes a quienes les construyeron una expectativa de vida, que hoy se derrumba ante la imposibilidad de encontrar una definitiva solución. Tampoco hay que olvidar que dicha medida amparó por casi 5 años a quienes ingresaron con menos de 16 años de edad y han residido establemente en ese territorio desde 2007. Lo cierto del caso, es que ese precepto ha puesto en el ojo del huracán los permisos avalados por el Daca por lapsos de dos años renovables, para estudiar o bien trabajar, originando varias protestas en el país del Norte, por parte de organizaciones que velan por los intereses de los migrantes.
Según datos oficiales de las autoridades en materia migratoria de Estados Unidos de América, dan cuenta que nuestra nación ocupa el quinto lugar con más personas protegidas por la política que fuera impulsada por el entonces presidente Obama. Es decir, que más de 39 mil jóvenes guatemaltecos que entraron en esas tierras sin papeles y, siendo menores de edad, se quedarán sin las garantías anteriormente adquiridas. Indubitablemente que, esa fatal determinación prende las alarmas de preocupación, tanto en el contexto nacional, como internacional por las implicaciones socioeconómicas que significa, en lo general para miles de adolescentes y familias inmigrantes.
Es sabido que, momentáneamente la disposición de invalidar el programa en favor de los denominados dreamers no cobra validez de forma automática, pues la lucha por lograr su permanencia en aquel país continúa. Habrá que esperar la resolución final de los organismos encargados de resolver ese embrollo judicial, para resucitar o sepultar las esperanzas de la población juvenil migrante. Aquí la importancia que las entidades privadas, gubernamentales, como municipales, propicien condiciones favorables para el recibimiento de ese conglomerado, que abandonó su nación por habérsele negado la oportunidad de crecer y desarrollarse plenamente. Es imperativo que se generen políticas públicas que permitan la reintegración social de nuestros jóvenes en una patria que seguramente les resultará adversa y desconocida.
