Hablar de derechos humanos en el país, es un tema que despierta pasiones y genera polémica, en los diferentes sectores de la sociedad, pues para unos, no se cumplen a cabalidad ni se acercan a la realidad nacional y, para otros, están mal encausados, ya que se convierten en escudo principal para quienes cometen serias atrocidades contra sus semejantes. Lo cierto del asunto es que dichas facultades, prerrogativas y libertades fundamentales de las cuales gozamos los seres humanos y que provienen de su propia dignidad, no pueden ser en ningún momento vulnerados. Toda vez que los Estados y las leyes que los rigen tienen la obligación de reconocerlos, difundirlos, protegerlos y garantizarlos sin excepción.
Vale recordar que, en nuestra nación la imagen del Procurador de los Derechos Humanos surge en 1985, conjuntamente con la Constitución Política de la República, en el contexto del enfrentamiento armado interno.
Es así como el magistrado de conciencia tiene como tarea intervenir en casos de reclamos o quejas, en las cuales se quebranten, limiten o violen los derechos humanos de cualquier ciudadano. Todos los habitantes, sin importar sexo, edad, condición social, religión, poseen esos derechos, los cuales son imprescindibles para el desarrollo completo del individuo.
Siendo los derechos humanos una base para la edificación de una sociedad democrática y participativa, en un verdadero Estado constitucional de derecho, que permita la igualdad de condiciones y la justicia para todos, es de vital importancia que la entidad encargada de velar porque se respeten esos derechos se ajusten a las constantes peticiones ciudadanas. Por ello, ahora que inicia una nueva administración en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), resulta indispensable promover una minuciosa revisión de las prioridades de la institución, para proporcionar una atención integral, pluridisciplinaria con enfoque jurídico, pero también con cercanía en las principales necesidades de los chapines. No hay que perder de vista, que la sociedad no termina de encontrar en la PDH, eco suficiente en la defensa de las garantías a la vida, mucho menos en la seguridad ciudadana.
Indudablemente que, a las recién electas autoridades en la magistratura de conciencia, les espera un trabajo arduo y tesonero, pues, además de luchar contra el estigma en el imaginario colectivo de su procedencia, también deben demostrar que no obedecen a intereses particulares en el ejercicio de su función. Vaya labor titánica la que deben desempeñar para devolver un poco de credibilidad a la población, que ya no confía en el accionar de sus instituciones.
Será responsabilidad del nuevo ombudsman y su equipo recetarse una buena dosis de sabiduría y carácter para denunciar cualquier tipo de presiones, imposiciones o de resoluciones ajenas al justo ejercicio de su misión que provengan de cualquier sector.
Así como será compromiso nuestro permanecer vigilantes porque se respeten y se defiendan los derechos de los guatemaltecos, bajo el paraguas de la universalidad, la incondicionalidad y la inviolabilidad.
