Cuando el poder local se convierte en aliado para los negocios de un clan familiar aprovechándose de las necesidades básicas de la población, las esperanzas de los habitantes, en cuanto al desarrollo del municipio y la superación poblacional se van por los tragantes de la pobreza, el olvido y la ignominia. El caso destapado el 20 de julio de este año, nuevamente por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, el cual involucra a la familia del exalcalde del municipio de Chinautla, Arnoldo Medrano, en la defraudación de al menos Q25 millones de fondos munícipes, solo demuestra que el actual sistema fue ideado para que funcionarios de turno delincan a sus anchas e insistan en perpetuarse en el poder.
Da cólera y tristeza ver cómo esos seudolíderes municipales, utilizan su inteligencia para fraguar cómo apropiarse de los ya insuficientes recursos económicos de la población, condenándola al subdesarrollo y marginamiento social. Toda vez, que su principal objetivo es enriquecerse ellos y su parentela, malversando los fondos del erario local, no importando qué artimaña manejen para conseguir su cometido. El municipalismo es el motor para el desarrollo de las comunidades y la principal figura de la descentralización de los servicios esenciales para beneficio de sus moradores, resulta inconcebible que algunos encargados de dirigir los destinos de las comunas traicionen la confianza de su gente depositada en las urnas, prestándose a cometer ilícitos que derivan en el estancamiento, tanto económico, como social de su municipios.De hecho, el emblemático Caso Medrano, refleja la porosidad y la permisividad de un sistema que favorece las iniquidades de la política tradicional, el caciquismo edil y lo camaleónico electoral de algunos sempiternos candidatos, no solo a las alcaldías del país, sino al Congreso de la República. Los cerca de 30 años de gestión edil, pasando por varias agrupaciones políticas para mantenerse en el absoluto control del ayuntamiento, dan cuenta de las hasta ahora exitosas operaciones fraudulentas de la horda Medrano Osorio, recientemente puesta en evidencia por la Justicia.
Claro, no es el único caso en cuanto a cooptación municipal, pues son varios los exalcaldes que enfrentan procesos judiciales por desfalcar las finanzas locales sobrevalorando la obra gris y por el desvío de fondos comunales hacia sus respectivas cuentas bancarias y las de sus familiares.
Por ello, reitero que una de las formas de detener esos hechos de corrupción e impunidad, es que los ciudadanos verdaderamente comprometidos con sus municipios, por un lado, se empoderen de los proyectos y las obras que ejecuten las municipalidades ejerciendo la labor de auditores y fiscalizadores sociales. Y, por el otro, denunciando aquellas acciones que los funcionarios edilicios y su linaje hagan al margen de la ley y de la población. La publicidad de los informes de ejecución presupuestaria es fundamental para esa labor, tal lo preceptuado en el último párrafo del artículo 135 del Código Municipal.
