Evidentemente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tienen una prueba de fuego en sus manos, la resolución jurídica que tomarán en relación con despojar o no de su derecho constitucional de antejuicio a los 8 legisladores imputados por el Ministerio Público (MP) de cometer 4 delitos: concusión, tráfico de influencias, abuso de autoridad y discriminación contra la gobernadora de Alta Verapaz, una vez el informe del juez pesquisidor esté en su poder, ahora que por unanimidad con 136 votos el pleno de diputados del Congreso de la República decidió retirarle la inmunidad al magistrado de la CSJ, Douglas René Charchal, sindicado por el MP, de incurrir en tráfico de influencias en la concesión de un terreno para la empresa Terminal de Contenedores Quetzal, cuando fungía como juez.

En ese sentido, dependerá del fallo legal de los togados en el Organismo Judicial y de nuevo los congresistas, quienes deberán resolver el caso del también magistrado de la CSJ, Vladimir Aguilar. Pasar a la historia como agentes del cambio del sistema de justicia saturado por décadas de impunidad y corrupción o como solapadores de un sistema judicial y político que se resiste a dejar los lastres del pasado. Mientras tanto, los ojos de las y los guatemaltecos permanecerán vigilantes de las determinaciones de magistrados y de diputados, en cuanto a estos casos que han ajetreado y descalabrado los contornos y entornos de la política y la justicia.

Toda vez que no haya que echar en saco roto las demandas poblacionales desde aquel 25 de abril del año pasado, en cuanto a que debe erradicarse la descomposición de los poderes del Estado y sentenciarse a los implicados en casos que atentan, no solo contra el erario nacional, sino contra el régimen de legalidad y del bien común. 

No debe admitirse que sigan haciendo piñata los recursos estatales, pues cada acto de corrupción que se destapa representa menos oportunidades para la población más necesitada. Ello, debido a que la ambición desmesurada de poder y riqueza de unos impide que haya educación, salud y mejor calidad de vida para otros, condenándoles aún más a vivir inmersos en la pobreza y el abandono.

Señores magistrados, señores diputados, devuelvan un poco de credibilidad a la sociedad en los ámbitos judicial y político, con acciones concretas apegadas a Derecho y con absoluta transparencia, honorabilidad e imparcialidad. No permitan que la impunidad y la corrupción sigan echando raíces en nuestras instituciones y en nuestra nación. En ustedes estará ponerle un alto a los actos anómalos de malos funcionarios, y abrirle el camino a la justicia que, aunque tarde, llega. 

O conformarse con ser parte de aquellos que se hicieron los ciegos y los sordomudos, deshonrando el juramento a la Constitución, en sus respectivos cargos, desde los cuales desestimaron el clamor popular, convirtiéndose en cómplices de un sistema nefasto. Guatemala, merece contar con magistrados y parlamentarios probos, diáfanos, honestos y dispuestos a sacrificar su vida, si fuera necesario, para que predomine el derecho de los demás.

Debe erradicarse la descomposición de los poderes del Estado.

Evidentemente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tienen una prueba de fuego en sus manos, la resolución jurídica que tomarán en relación con despojar o no de su derecho constitucional de antejuicio a los 8 legisladores imputados por el Ministerio Público (MP) de cometer 4 delitos: concusión, tráfico de influencias, abuso de autoridad y discriminación contra la gobernadora de Alta Verapaz, una vez el informe del juez pesquisidor esté en su poder, ahora que por unanimidad con 136 votos el pleno de diputados del Congreso de la República decidió retirarle la inmunidad al magistrado de la CSJ, Douglas René Charchal, sindicado por el MP, de incurrir en tráfico de influencias en la concesión de un terreno para la empresa Terminal de Contenedores Quetzal, cuando fungía como juez.

En ese sentido, dependerá del fallo legal de los togados en el Organismo Judicial y de nuevo los congresistas, quienes deberán resolver el caso del también magistrado de la CSJ, Vladimir Aguilar. Pasar a la historia como agentes del cambio del sistema de justicia saturado por décadas de impunidad y corrupción o como solapadores de un sistema judicial y político que se resiste a dejar los lastres del pasado. Mientras tanto, los ojos de las y los guatemaltecos permanecerán vigilantes de las determinaciones de magistrados y de diputados, en cuanto a estos casos que han ajetreado y descalabrado los contornos y entornos de la política y la justicia.

Toda vez que no haya que echar en saco roto las demandas poblacionales desde aquel 25 de abril del año pasado, en cuanto a que debe erradicarse la descomposición de los poderes del Estado y sentenciarse a los implicados en casos que atentan, no solo contra el erario nacional, sino contra el régimen de legalidad y del bien común.

No debe admitirse que sigan haciendo piñata los recursos estatales, pues cada acto de corrupción que se destapa representa menos oportunidades para la población más necesitada. Ello, debido a que la ambición desmesurada de poder y riqueza de unos impide que haya educación, salud y mejor calidad de vida para otros, condenándoles aún más a vivir inmersos en la pobreza y el abandono.

Señores magistrados, señores diputados, devuelvan un poco de credibilidad a la sociedad en los ámbitos judicial y político, con acciones concretas apegadas a Derecho y con absoluta transparencia, honorabilidad e imparcialidad. No permitan que la impunidad y la corrupción sigan echando raíces en nuestras instituciones y en nuestra nación. En ustedes estará ponerle un alto a los actos anómalos de malos funcionarios, y abrirle el camino a la justicia que, aunque tarde, llega.

O conformarse con ser parte de aquellos que se hicieron los ciegos y los sordomudos, deshonrando el juramento a la Constitución, en sus respectivos cargos, desde los cuales desestimaron el clamor popular, convirtiéndose en cómplices de un sistema nefasto. Guatemala, merece contar con magistrados y parlamentarios probos, diáfanos, honestos y dispuestos a sacrificar su vida, si fuera necesario, para que predomine el derecho de los demás.