Es imperativo que la ciudadanía se inmiscuya y acompañe a las entidades correspondientes de auditar y fiscalizar los contratos.
Indudablemente, que la corrupción por donde pasa quema y deja grandes cicatrices a flor de piel que no se borran de la noche a la mañana. El nuevo caso de podredumbre develado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), el 15 de abril de este año, en relación con el fraudulento negocio de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), ha estremecido una vez más los estratos sociales de la nación, y vuelve a evidenciar la extrema debilidad y porosidad que tiene nuestra institucionalidad por donde quiera verse.
En los dos casos más sonados de escándalos de corrupción; el de hace ya un año, denominado “La Línea” y el fraude millonario en Puerto Quetzal, tienen en común a los mismos protagonistas y su infatigable voracidad por enriquecerse a costillas del erario nacional. Llama la atención la total desfachatez y descontrolada avaricia de los aludidos por saquear las arcas nacionales, sin siquiera detenerse a pensar cuántas personas serían defraudadas y cuántas instituciones resultarían afectadas con los estragos de su desmedida ambición.
En este país de paradojas, en el cual unos planifican al mejor postor sus mal habidos negocios sin importar a quién pasen trayendo y otros mueren esclavos de la pobreza por carecer de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias, ya no nos extraña nada.
Total, ejemplos de contradicciones sobran, para no ir muy lejos, las personas que mercadean la salud con el oscuro negocio de las medicinas y los equipos médicos, en el cual reparten “coimas” en premeditadas transacciones. Hay gente que muere afuera de las emergencias de los hospitales por la crisis en salud y las constantes huelgas de médicos por falta de insumos y del pago de salarios.
Asimismo, mientras unos condenan lo negociado con TCQ, por espurio y cuya nulidad debe declararse de inmediato por lo lesivo al Estado. Otros enfatizan que ello no debe ser obstáculo para que dicho negocio deje de funcionar, pues tendría un impacto negativo en la operatividad del puerto.
En ese orden de ideas, es imperativo que la ciudadanía se inmiscuya, y acompañe a las entidades correspondientes de auditar y fiscalizar los contratos de cualquier naturaleza que se lleven a cabo por parte de funcionarios del Estado, para ejercer un mejor control de la veracidad de los mismos, si cumplen con su cometido, y adónde van a parar los recursos estatales.
Definitivamente que estaremos a la expectativa de las resoluciones que se tomen en el caso descrito anteriormente, para observar cuál será el rumbo que tome, tanto el mencionado contrato considerado una burla para la población, como las acciones jurídicas que impondrán los entes encargados de la investigación y persecución penal. No más de lo mismo, ni de los mismos.
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