Sebastián Toledo
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El diputado Edgar Batres, de la Comisión de la Familia en el Congreso de la República, convocó a líderes de organizaciones de personas con discapacidad para buscar la forma de apoyar el respeto y cumplimiento de los derechos de este sector. La iniciativa surgió porque el parlamentario conoció el caso de una niña que enfrentó dificultades para su inscripción en el Registro Nacional de las Personas (Renap), no obstante que dicha institución mantiene espacios de coordinación con el ente nacional de discapacidad.
Desde 2011, el Conadi inició con la capacitación del personal del Renap en la identificación de las diferentes condiciones de discapacidad, así como en las formas de apoyo que deben brindárseles cuando acudan a buscar los servicios de la institución.
Se definió una guía básica para la identificación y registro de la discapacidad de cada persona en el DPI, siempre que fuera del consentimiento del interesado. Inclusive, el Renap firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Conadi, en el cual, además de lo anteriormente indicado, se establecieron acciones para facilitar la gestión de algunos emprendimientos de personas con discapacidad. Este incidente, puede deberse a la falta de seguimiento en la asesoraría a la institucionalidad pública en la temática de discapacidad.
Se definió una guía básica para la identificación y registro de la discapacidad de cada persona.
La medida de registrar la condición de discapacidad de las personas de esta forma en el DPI se aplicaría mientras se establece el protocolo de certificación, un esfuerzo en el que también ya se venía trabajando. Para el efecto, un grupo de expertos del Conadi, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, los ministerios de la Defensa y de Salud Pública se había capacitado para definir e implementar el procedimiento de certificación.
En 2019, el Ministerio de Salud publicó el Acuerdo en el que se definieron los criterios y las responsabilidades institucionales para la emisión del certificado de discapacidad, acción que se vio interrumpida por la pandemia de Covid-19. Esta oportuna intervención del diputado Batres propicia un buen momento para retomar la iniciativa, con lo que se estaría dando cumplimiento al Artículo 31 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un proyecto que cada vez gana más aliados en el Legislativo.
