Sebastián Toledo
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En noviembre de 2020, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social integró un comité para coordinar la adquisición y aplicación de una vacuna contra el Covid-19, esfuerzo para el que fue necesario contar con una acción legislativa y la elaboración de un plan nacional de vacunación. El proyecto contempló en orden a los distintos grupos de población, según el nivel de riesgo y exposición ante un virus que estaba causando graves daños en todo el mundo.
Al igual que muchas organizaciones del movimiento mundial de personas con discapacidad, las agrupaciones representativas de este sector en el país manifestaron su preocupación por no ver incluidas a las personas con discapacidad como grupo prioritario. Esta demanda surge por los altos riesgos a que se ven expuestas, tanto por los problemas colaterales que implica la discapacidad, como también por la posibilidad de contagio, al no poder guardar del todo el distanciamiento físico.
Conviene indicar que muchas personas procedieron a aplicarse la vacuna, por encontrarse en varios de los criterios establecidos en el plan nacional, pero seguía la preocupación en aquellas que no lo estaban. Así también, algunas organizaciones prestadoras de servicios a esta población, realizaron las gestiones para procurar el beneficio a sus usuarios, por lo que no se podía decir del todo que no eran tomadas en cuenta.
El Ministerio de Salud Pública adoptó la decisión de tomar a la población con discapacidad como grupo de prioridad.
Ante las gestiones de diversas organizaciones e instituciones, el Ministerio de Salud Pública adoptó la decisión de tomar a la población con discapacidad como grupo de prioridad. Por lo que, a partir de esta semana, todas las personas con discapacidad que lleguen a un centro de vacunación y estén registradas, son inmunizadas, con lo que Guatemala se suma al listado de países que las toma en cuenta como grupo de prioridad.
Corresponde ahora a las familias, las organizaciones e instituciones y a las mismas personas con discapacidad, buscar los servicios de salud y establecimientos habilitados como centros de vacunación para aprovechar el beneficio. Al reconocerse esta iniciativa del Ministerio de Salud, deja en claro que la coordinación de acciones entre instituciones de Estado y la sociedad civil alcanza soluciones que trascienden en pro de los derechos de la población con discapacidad.
