Sebastián Toledo
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El 28 de mayo de 1997, ocurre en Guatemala uno de los acontecimientos de mayor trascendencia en el abordaje de los derechos de las personas con discapacidad, quienes representan el 10.38% de la población. Luego de varios años de lucha de hombres y mujeres que anhelaban mejores condiciones de vida, se aprueba la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad. Un instrumento que mandató la creación de un ente encargado de unificar los esfuerzos de país en esta materia.
Se instituye el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), como el ente de Estado responsable de coordinar, asesorar e impulsar las políticas generales en discapacidad.
Una acción que se desarrolló en medio de grandes expectativas, donde se pretendió apuntalar desde el principio el liderazgo de la dirigencia del colectivo. En concordancia con la integración de organismos similares, se logró la inclusión de representantes de la sociedad civil en sus órganos de dirección.
Ello no solo le permitirá conocer y valorar sus logros, sino también identificar las áreas de trabajo a fortalecer.
Se cumplieron 24 años de trabajo, esfuerzo en el que aún quedan muchas acciones por hacer, sobre todo porque ha existido una histórica exclusión del sector en la agenda del desarrollo.
Pero a partir de la conformación del Conadi, se han dado pasos muy importantes con algunos logros que deben potenciarse, pues constituyen el resultado de una labor donde han estado presentes los propios interesados.
Al iniciar los 25 años de trabajo, es conveniente que la actual dirigencia del Conadi realice una evaluación para medir el impacto de su labor. Porque se tienen avances en la territorialización de la Política Nacional de Discapacidad, pero deben adoptarse acciones para afianzar los mismos y buscar su institucionalización en los entes del poder local.
Ya que la mayoría de servicios y programas de apoyo a esta población se siguen ejecutando desde los centros urbanos.
Hasta ahora, el Conadi solo ha realizado una evaluación de la política, por lo que en el marco de sus 25 años, es conveniente que efectúe otro ejercicio.
Ello no solo le permitirá conocer y valorar sus logros, sino también identificar las áreas de trabajo a fortalecer. Una tarea que debe hacerse con miras al próximo informe a presentarse, en cuanto al cumplimiento de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
