A inicios de la presente legislatura, el Congreso de la República aprobó la Ley de Lengua de Señas, una acción que fue posible después de varios años de lucha de la comunidad sorda del país. Ya que Guatemala era uno de los pocos Estados en el mundo que no contaba con una legislación en esta materia.
Una acción que favorece el derecho a la comunicación de más de 150 mil guatemaltecos (as) que presentan limitaciones auditivas y que, a consecuencia de ello, enfrentan dificultades para su inclusión social.
El limitado acceso a la comunicación e información es una de las barreras que afectan la participación social de las personas con discapacidad auditiva en igualdad de condiciones, hecho que restringe todo tipo de oportunidades en los distintos campos del desarrollo humano, por lo que la ley, en definitiva, constituye un importante soporte para reducir las brechas de exclusión que se generan y que muchas veces se agudizan.
Un año después de aquel acontecimiento, se han dado algunos pasos que es conveniente valorar, pues la ley en referencia contiene una serie de compromisos que deben adoptarse en diferentes instancias. Por ejemplo, se regula la inclusión del intérprete de lengua de señas en los medios televisivos, para lo que el Canal de Gobierno ha dado un paso muy importante, así como la incorporación de este recurso en las sesiones virtuales del Ministerio de Educación.
Un año después de aquel acontecimiento, se han dado algunos pasos que es conveniente valorar pues la ley en referencia contiene una serie de compromisos que deben adoptarse en diferentes
instancias.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, según la ley, debe implementar la Unidad de Lengua de Señas, un compromiso que ha iniciado su cumplimiento, un esfuerzo que debe hacerse con la jerarquía que se requiere, para que desde esta se dicten las políticas y prácticas, a fin de garantizar el derecho de la comunicación y la información a todas las personas sordas del país.
La Federación Mundial de Personas Sordas ha dado acompañamiento a las organizaciones de personas con discapacidad auditiva del país, para que la implementación de la ley se dé como corresponde. Pero es indudable que aún faltan muchas acciones por realizar, porque la lengua de señas es un recurso que debe estar al alcance de todos los sectores, objetivo que se logrará, siempre que se cuente con el concurso de todas las entidades y autoridades que tienen opinión en la temática.