La Organización de Estados Iberoamericanos -OEI- formuló la IniciativaSobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a ser aprobada en noviembre de 2018. Una acción que se asume para dar cumplimiento a los compromisos que los Estados de la región han adoptado ante los organismos mundiales de derechos humanos, por lo que el esfuerzo pretende alcanzar a 90 millones de habitantes de Iberoamérica que viven en condición de discapacidad, bajo niveles preocupantes de exclusión.
La iniciativa fue presentada en 2016 por el Comité Ejecutivo de la OEI, por lo que ahora se espera sea aprobada en la próxima Cumbre de Jefes de Estado, la cual se llevará a cabo en Antigua Guatemala en noviembre de 2018, cuando Guatemala hará la entrega de la presidencia pro témpore, por lo que es un mérito para el país dejar este legado, que busca beneficiar a un colectivo históricamente olvidado.
Se pretende la ejecución de un programa sobre 8 ejes básicos: educación, empleo, registro de datos, certificación de las personas con discapacidad. Asimismo, los temas de accesibilidad, legislación, salud y la participación del colectivo en el ámbito público. En este último eje se valora el esfuerzo que desde Guatemala se impulsa a través del CONADI para garantizar la presencia de los líderes del sector en la toma de decisiones.
La Secretaría General de la OEI en el afán de alcanzar una propuesta viable, sostenible y sustentable en pro de los derechos de las personas con discapacidad, ha iniciado con la promoción de diversas acciones para procurar una propuesta suficientemente validada, por lo que en principio convocó a los órganos rectores de discapacidad de 9 países. Entre estos a Guatemala, por ser el país sede de la próxima cumbre y porque se tienen buenas prácticas en la participación del colectivo en el ámbito público.
Sobre todo, porque las organizaciones de personas con discapacidad tienen toma de decisión en los asuntos del CONADI. Luego de esta primera convocatoria, corresponde ahora que los responsables de cooperación de las cancillerías de los países iberoamericanos hagan lo propio. Los contenidos y lineamientos de la iniciativa están debidamente validados. Para que sean adoptados con total compromiso, deben buscarse y asignarse los recursos técnicos, materiales y financieros necesarios, de tal manera que la iniciativa no quede en meras declaraciones, como muchas otras iniciativas.
El país debe asignar una cuota financiera de participación, la que se supone deberá formar parte del presupuesto general del CONADI. Pero debe establecerse en primera instancia, si la cuota no debe estar direccionada desde otra institución del Estado, ya que el presupuesto que actualmente recibe el CONADI para atender sus responsabilidades no da para este tipo de aportes. Al hacerlo de esta forma, se estaría castigando a varios de sus proyectos.
