En el marco del XXI aniversario del Conadi, la comisión encargada del tema en el Congreso de la República realizó una convocatoria a ministros y secretarios de Estado, una iniciativa que se planteó con el objetivo de conocer las acciones que cada entidad impulsa en función de los derechos de la población con discapacidad. Asistieron representantes de ministerios y secretarías, entre los que se contó con la presencia de tres viceministros: de Educación, Salud y Relaciones Exteriores. La presidenta de la Comisión Sobre Asuntos de Discapacidad, del Legislativo, permitió el espacio para que 13 ministerios y varias secretarías presentasen su informe, lo que puso a luz las acciones que el país ha sido capaz de promover en pro de 1 millón 600 mil guatemaltecos que, desde la perspectiva de las organizaciones representativas de este sector, los informes en su mayoría no reflejan acciones que se consideren determinantes.
Sin embargo, es importante indicar que el hecho de asistir y presentar lo poco o mucho que se tenga sobre el tema en cada entidad de Estado, lleva a considerar que el asunto ya empieza a ocupar la agenda de la institucionalidad pública, trabajo que debe fortalecerse y monitorearse en todo momento, función que debe ser asumida por las organizaciones de personas con discapacidad y por el mismo Conadi, desde el rol que la Ley le define. Guatemala cuenta con un plan de acción para 5 años sobre discapacidad, formulada con base en las observaciones que el Comité de Expertos hiciera al país en 2016, hecho que se deriva del cumplimiento de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento de las Naciones Unidas adoptado por el Estado guatemalteco desde 2008. El plan contiene lineamientos de trabajo para ministerios, secretarías y municipalidades, ya que la responsabilidad de atender el tema corresponde al país en su conjunto.
La forma más adecuada de hacerlo es incluyendo sus orientaciones en la planificación y presupuesto estatal de forma sostenible. Es decir, que sus contenidos deben incorporarse a las políticas y programas que ejecuta cada entidad, con objetivos y recursos claramente identificables. Para orientar este esfuerzo, en marzo y abril Segeplan incluyó al Conadi en la capacitación a los directores de planificación de las entidades públicas, una acción que debe seguirse dando hasta ver incluidas las demandas de la población con discapacidad en la agenda estatal, como corresponde, ya que, hasta ahora, en varias entidades se observan acciones que responden a buenas intenciones, que no aseguran resultados que impacten en la vida personal y familiar de las personas con discapacidad. Pero también los líderes del sector deben establecer acciones de monitoreo y vigilancia, para que lo considerado no quede en simples declaraciones o ejercicios bien intencionados.
