En Guatemala, como en muchos países del mundo, existen personas que por diversas circunstancias tienen una condición de discapacidad, pero en la mayoría de los casos se desconoce el grado de esta y el tipo de apoyo que requiere cada individuo para su integración a la sociedad. Sin embargo, con la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados se comprometieron a generar registros oficiales en la materia para orientar las políticas, programas y servicios que se requieran, según lo establece el artículo 31 de este instrumento.
En diferentes momentos se ha intentado hacer llegar apoyos a este sector, pero, al no contarse con registros oficiales, hay una serie de dificultades,que han hecho fracasar toda iniciativa. En el 2013, el Conadi conformó una comisión de certificación de la discapacidad, equipo de trabajo que convocó a las instituciones públicas y privadas con experiencia en el tema: Fundabiem, Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, el Centro para Excombatientes del Ejército de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), que formularon un protocolo de certificación que se espera sea adoptado por el país en el menor tiempo posible.
El diputado Ronald Arango, presidente de la sala de trabajo en mención, ha apoyado la temática de discapacidad desde hace varios años, e indicó que ante el marcado retraso del tema, lo más oportuno es impulsar una iniciativa de ley en materia de certificación de la discapacidad, un proyecto que norme las funciones y competencias de cada entidad pública en el proceso, el que debía ser liderado por el MSPAS y el Registro Nacional de las Personas. El Conadi ha formulado la propuesta sugerida por el diputado Arango, por lo que corresponde ahora validarla con los interesados y presentarla al Legislativo, para que inicie con el proceso que conlleva todo proyecto de ley.
