Los organismos internacionales estiman que en las últimas dos décadas, aproximadamente un millón y medio de personas han perdido la vida, y más de 4 mil millones han debido movilizarse a causa de los desastres naturales, siendo estos grupos de población considerados vulnerables los mayormente afectados; sin embargo, los efectos alcanzan a todos los sectores, a unos más que otros, con secuelas de dolor, muerte, destrucción y pérdidas económicas.
Con frecuencia somos testigos de deslaves, terremotos, inundaciones, consecuencia en parte por el descuido que hemos tenido hacia el medioambiente, con efectos negativos para la población en general, pero con repercusiones más graves para los menos favorecidos, entre estos, las personas en condición de discapacidad y los adultos mayores, quienes por lo regular quedan en total desventaja y sin protección alguna ante este tipo de hechos de la naturaleza.
Consciente de los efectos de los desastres naturales, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró a principios del 2000 el 13 de octubre como el Día Mundial para la Reducción de Riesgos ante Desastres Naturales, para que gobiernos, medios de comunicación y sociedad en general hagamos un análisis sobre cuánto estamos preparados ante un fenómeno de la naturaleza, si contamos con una política de gestión de riesgos verdaderamente incluyente; es decir, si existe capacidad de respuesta en nuestras comunidades.
Los fenómenos naturales son impredecibles, no se pueden advertir ni evitar, por lo que llegan cuando menos nos los esperamos, sin embargo se pueden minimizar los efectos, ello, si somos capaces de contar con medidas de prevención a nivel personal, familiar y comunitario, tema que avanza lentamente, de aquí que los daños son de difíciles consecuencias para el mundo entero; aunque, empiezan a surgir y fomentarse algunos esfuerzos, los que como padres, ciudadanos y funcionarios responsables debemos apuntalar como corresponde.
En observancia de esta resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se han impulsado esfuerzos para la implementación y promoción de políticas orientadas a la reducción de riesgos ante desastres naturales, entre los que sobresalen los acuerdos alcanzados en el marco de Senday, oportunidad en la que los Estados asumieron el compromiso de formular programas y políticas dirigidas a todos los sectores de la población. En Guatemala, el Conadi ha suscrito convenio de cooperación con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), a fin de que esta última implemente acciones de gestión de riesgos con enfoque en discapacidad, propuesta que recibe el apoyo y acompañamiento de ASB de Alemania, organismo internacional que realiza un importante trabajo con la Asociación Nacional de Ciegos en las áreas departamentales del país, labor que merece todo el apoyo de las autoridades del Gobierno.