Un plan de acción

Nos lleva necesariamente a plantearnos retos y desafíos.

En seguimiento al listado de observaciones realizadas al Estado de Guatemala por el Comité de Expertos de las Naciones Unidas, en relación con el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Conadi ha elaborado una ruta de trabajo que pretende la formulación de un plan de acción, que permita el diseño del camino a seguir y que marque el rol de cada una de las instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil que intervengan en el proceso que conlleven las tareas, porque todos debemos participar.

A la fecha se ha realizado una convocatoria con amplia participación de organizaciones de personas con discapacidad e instituciones de Gobierno, así como representantes de las comisiones departamentales y municipales de discapacidad, de donde derivaron importantes aportes para la construcción del camino que debe seguirse en la promoción, atención y solución de las preocupaciones del Comité de Expertos realizados en el primer examen de país.

Entre otras acciones, la hoja de ruta plantea la conformación de un comité interinstitucional de coordinación, en el que se cuente con la participación del Congreso de la República, la Secretaría de Planificación y Programación (Segeplan), la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), representantes de organizaciones de la sociedad civil que tuvo a su cargo la elaboración de un informe alternativo y el Conadi, grupo que ha quedado integrado.

Este equipo de trabajo deberá realizar en los próximos días, una convocatoria a todas las instituciones que participaron en el proceso de la primera evaluación de país y otras que correspondan, a fin de generar insumos para el plan de acción que se pretende y que desde el principio se cuente con el concurso y compromiso de sus autoridades, ya que las respuestas a las recomendaciones de la ONU  tendrán que ser planteadas por el país en su conjunto.

El Comité otorga a Guatemala un plazo de doce meses para generar las primeras acciones, lo que en definitiva pondrá a prueba la voluntad política de las actuales autoridades de Gobierno, pero si se ha de actuar con verdadera responsabilidad, debemos apuntar a soluciones integrales, con efectos positivos en la vida personal, familiar y grupal de las personas con discapacidad, donde estas sean las que asuman el protagonismo de su propio desarrollo y ejerzan su autonomía.

Por supuesto que ello nos llevará a marcar cambios en los programas y servicios que actualmente se ejecutan para este sector, que a lo mejor afectará algunos intereses y sentimientos, pero el abordaje de la temática de discapacidad desde un modelo social, nos lleva necesariamente a plantearnos retos y desafíos que el país entero debe asumir lo más pronto posible, porque de lo contrario, llegaremos al siguiente examen dentro de ocho años con las mismas necesidades y sin mayores avances.