La lucha por los derechos humanos es una tarea de gran esfuerzo.
En seguimiento a la aprobación de instrumentos de derechos humanos y la conformación de redes nacionales e internacionales de discapacidad, se han constituido entes de coordinación con participación de dirigentes de este movimiento mundial, para que el colectivo tenga la plena certeza en la aplicación correcta de las herramientas desde el principio de nada para nosotros sin nosotros, que potencia el papel de las personas con discapacidad, para que asumamos y tomemos decisiones en los asuntos que nos conciernen.
En 1985, se conforma la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC); en el 2007 el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (Ceddis), antes la Secretaría Técnica de Discapacidad y; en el 2009, el Comité de Expertos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y así otros esfuerzos, para velar por el cumplimiento de todos nuestros derechos.
En la dirigencia de estos foros se cuenta con la participación de tres guatemaltecas, lo que refiere entre otros aspecto, la capacidad y liderazgo que ha alcanzado el movimiento nacional de personas con discapacidad, donde históricamente se ha perseguido y descalificado a los dirigentes, se les ha visto como enemigos de instituciones de servicio y se ha tratado de opacar por todos los medios sus convicciones, aunque ello conlleve a la pérdida del trabajo, el sustento de vida.
Las connacionales que han alcanzado estos importantes espacios son las profesionales Silvia Judith Quan Chang, vicepresidenta del Comité de Expertos de las Naciones Unidas desde el 2011; Miriam Noemí Leal de Stowlinsky, segunda vicepresidenta de la Ceddis a partir del 2013 y primera vicepresidenta para el 2016-2018; y Zilpa Susana Arriola, segunda vicepresidenta de la ULAC período 2016-2020, liderazgos que debemos valorar y apoyar.
Es indudable que la lucha por la promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad es una tarea que conlleva grandes esfuerzos, porque significa superar prácticas, costumbres y leyes que responden a un modelo asistencialista, donde son otros los que toman las decisiones por nosotros, seguramente que sin mala voluntad, pero han limitado significativamente nuestra libertad y protagonismo.
El movimiento nacional de nuestro colectivo, debe apuntalar la gestión de estas tres lideresas que, como ya se indicó, posicionan la capacidad y grado de avance del asociacionismo de las personas con discapacidad de Guatemala, pero más allá de ello, constituye una magnífica oportunidad para hacer de nuestro país un modelo a seguir en la aplicación e implementación de los instrumentos que hasta hoy hemos logrado desarrollar en materia de discapacidad. Labor en la que instituciones públicas y privadas debemos asumir un rol y un compromiso activo, para obtener de este liderazgo los mejores resultados.
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