Continúa siendo un tema de mejora para la inversión en Guatemala, tener un marco regulatorio de prevención de reclamos de inversión.
Para fortalecer la competitividad del país, es necesario establecer reglas claras desde el inicio de una inversión clave que genere prosperidad, es por ello que un factor que fortalece la certeza jurídica, sería la creación de un marco regulatorio de prevención de reclamos de
inversión.
Este último, sería de valor agregado para crear un clima de confianza de negocios y fortalecería el trabajo de las autoridades encargadas para representar al país en arbitraje internacional.
La prevención de reclamos se efectúa durante la fase de diseño de un proyecto, y la responsabilidad por los reclamos se va transfiriendo desde el planificador y diseñador a los administradores de contrato del contratista y del dueño.
La mejor manera de reducir la probabilidad de reclamos, es prevenirlos en las etapas tempranas, de modo de preparar los antecedentes de licitación de los servicios requeridos, con visión de prevención. Una vez iniciados los trabajos de ejecución de los contratos, aparecen las controversias, y lo que resta es gestionarlas y mitigarlas.
Los reclamos son controversias oficializadas (por cualquiera de las partes), que no han podido ser resueltas entre los administradores de contrato del dueño y contratista. Generalmente los reclamos son vistos como una situación desagradable, equivalente a una piedra en el camino para muchas
empresas.
Para aquellos que no han tenido una primera experiencia de un reclamo formal, puede ser una acción de traición o abusiva que generará sobrecostos, pérdidas de tiempo, posiciones antagónicas y desgaste en los equipos a cargo de los contratos.
Esto nos lleva a reflexionar sobre las regulaciones apropiadas en qué hacer para propiciar y asegurar la inversión, siendo la confianza un factor determinante.
La prevención debe ser un factor clave que coadyuve el clima de negocios en el país. Tenemos diversos índices que mejorar y debemos cerrar brechas para que Guatemala sea un país atractivo para la inversión.
Se debe poner en la lupa la Ley de Arbitraje 67-95 nuevamente para realizar las reformas necesarias y para la continuidad del Estado de derecho, y la armonización de la libertad de operación de las empresas legalmente establecidas.
