La competitividad en los precios de los medicamentos no solo es la calidad, sino también el valor agregado de la innovación.
El derecho a la salud es un derecho universal de todos y está protegido en convenios internacionales, así como en las legislaciones nacionales de la mayoría de los países. Bajo ese entendido, la falta de políticas públicas de salud, sobre el acceso y uso racional de medicamentos y otras tecnologías de salud segura, eficaz y de calidad, así como el respeto de la medicina tradicional, continúan siendo un reto para la mayoría de los países de la región, afectando de manera per se la calidad de la atención, pero ende en los servicios y precios de las mismas.
Los problemas de suministros incluidos exportaciones y, porque no, importaciones de altos costos de químicos compuestos o medicamentos, sumado a laxos sistemas regulatorios débiles en capacidades institucionales y ausentes en el control para el combate al contrabando y falsificación de medicamentos; los sistemas
inadecuados de gestión de compras y suministros, impuestos a los medicamentos, y otros en la lista; hacen que los precios finales al consumidor sean altos, debido que el precio final absorbe todo esta cadena antes mencionada, y se olvida incluir que Guatemala es un país que carece de infraestructura necesaria para agilizar de manera eficiente la cadena de suministros. Los ciudadanos estamos pagando caro, enfermarnos seriamente en este país significa estar en el limbo económico, que afecta un poco más del 25 o 35 por ciento de nuestros ingresos, lo que cuesta digamos enfermarse de una infección intestinal, y el costo aumenta cuando según la seriedad y complejidad del cuadro clínico del paciente. Sin embargo, a pesar que pagamos impuestos, continuamos comiéndonos los elotes de los errores por falta de acciones oportunas en la defensa del derecho a la salud. A que me refiero con esto, no es simplemente plantearse hacer una ley que controle precios topes de medicamentos, al mal estilo “copy-paste” de El Salvador, donde la cancha permitiría privilegiar sectores y fracturar ese marco saludable de competencia; además contraviene el espíritu de la ley que continúa sin aprobarse en el Congreso sobre Ley de Competencia. Una ley de precios topes, es una regulación no adecuada que generaría incentivos perversos de ciertos sectores y no sería atractiva la inversión en la investigación aplicada en medicina en el país. Esto no quiere decir “satanizar” el uso de genéricos, ya que el medicamento genérico adquiere el nombre de la sustancia medicinal que lo compone, y previamente con la autorización de la autoridad sanitaria, se comercializa en el mercado una vez que la patente del medicamento original ha caducado, y el precio es menor que el de marca original porque amortiza los altos costos en investigación. Convirtiéndolo en una opción para la población vulnerable; por lo que significa que el Estado debe poner de su parte para mitigar en lo posible la cadena de suministros en los medicamentos que generan altos precios, y también, concientizar a la población de no comprar medicamentos de contrabando, ya que arriesgarse es como jugar a la ruleta rusa con la vida.
Es mejor, crear políticas públicas sobre acceso a medicamentos, en un abanico de oportunidades que el Estado pueda ofrecer a cada segmento de la población.
