Enhorabuena al esfuerzo de las autoridades de SAT por el Plan Emergente.
Las obligaciones y contribuciones de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, era uno de los objetivos que faltaban en esta nueva administración.
Por eso, es muy positivo que se retomaran las tareas pendientes, no solo porque es obligación, sino también porque corresponde a un esfuerzo nacional el contrarrestar las redes de corrupción incrustadas en la administración pública. En esta oportunidad, me refiero al Plan Emergente para la devolución del crédito fiscal, traducido en un estira y encoje para muchas empresas que sí cumplen y están al día con sus tributos, y ha significado un gasto adicional en abogados para recuperarlo, ya que todo se resuelve vía legal, es decir, la mayoría de las solicitudes terminaban “judicializándose”.
Se entiende que en el país la brecha fiscal es deficitaria, y que a muchas empresas se les adeudan millones en crédito fiscal, muchas de ellas han sido extorsionadas por medio de llamadas anónimas para resolver su caso, ya que estos atrasos hasta por años, han permitido que grupos “se aprovechen en resolver expedientes por medio de vías corruptas”, y otras empresas han tenido que abandonar proyectos de remodelación, ampliación, y otros por ese monto faltante de liquidez de capital que no les permitió desarrollar su industria, normalmente en tecnificación. Este escenario complejo para la devolución del crédito fiscal, repercutía en las empresas exportadoras a que perdieran la oportunidad de obtener certificados internacionales volviéndolos menos competitivos, siendo para estos más tentador cerrar sus operaciones en el país y abrir en otros. Por eso es muy positivo este esfuerzo que tiene previsto realizar la SAT, y ante esto, también viene otra serie de preguntas relacionadas al caso. Tributa es el concejo colegiado para actuar como una tribuna que analiza, por ejemplo, estos casos de devolución del crédito fiscal, y hace que al menos la decisión no sea unilateral, sino que los casos puedan tener diversos ejes de análisis, y que puedan tener la oportunidad de enmendarse antes de que estas empiecen a judicializarse, o al menos, este es el propósito.
Las preguntas a plantearse, y espero que alguien de SAT me pueda orientar, son las siguientes: ¿Las empresas que estarán en el Plan Emergente tienen que presentar todo lo que indica el plan en otros formularios? Y, ¿qué pasará si su caso ya lo lleva por la vía judicial, teniendo resultados lentos pero positivos? Es decir, estar dentro del plan, se le abrirán dos expedientes por el mismo caso, y qué pasa si no concuerdan en la resolución. ¿Se retrotraerá el caso?¿Cómo se garantiza a las empresas que sí será beneficioso este plan? O sea, institucionalizar este plan a modo que sea atractivo a corto y mediano plazo, me atrevo a pensar que muchos huirían de la idea de que los tomen como “conejillos de indias”.
El reto es que estamos a dos años para ver los frutos de este Plan, y entre lo que se quiere mejorar, son los procesos de tiempo de resolución de los expedientes, y, por supuesto, eliminar, erradicar estos grupos que promueven la corrupción en la institución. ¡Enhorabuena!
