EFE
La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) denunció este viernes una “profundización” de la represión en Nicaragua contra cualquiera percibido como opositor, así como la “falta de una respuesta decidida, coordinada y sistemática” de la comunidad internacional.
Sobre esta segunda denuncia la oficina regional de AI para el continente americano afirma en un informe publicado hoy que la indiferencia ante lo que ocurre en Nicaragua es un “precedente peligroso en la región” pues otros gobiernos se animan a seguir su “receta represiva”.
“El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa instrumentalizando las instituciones del Ejecutivo, la Asamblea Nacional y el Poder Judicial para legitimar su agenda represiva y garantizar la impunidad de los crímenes del derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos”, dice AI
El informe menciona la excarcelación de 135 presos políticos que fueron llevados a Guatemala este jueves y asegura que es una repetición de la táctica de “intercambiar cárcel por exilio” que lleva al “desarraigo y la “disrupción” de los proyectos de vida de los afectados.
La organización internacional considera que en Nicaragua “cualquier forma de disidencia y ejercicio de libertades, ya sea política, social o religiosa, siguen siendo imposibles de ejercer sin represión estatal”.
“La profundización del ataque sistemático contra personas defensoras de derechos humanos, activistas, líderes religiosos y organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua es un nuevo golpe contra la libertad de expresión, asociación y religión, que no sólo tiene repercusiones en Nicaragua”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El informe se refiere a la revocación de la personalidad jurídica de más de 1.500 organizaciones sociales en un solo día, el 20 de agosto, con lo que son 5.000 las clausuradas, y a la “represalia sufrida por decenas de líideres de diferentes confesiones cristianas”, incluyendo la católica.
También menciona que el 3 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó nuevas reformas al marco jurídico nacional “con el objetivo de añadir elementos que agravan aún más la criminalización de las voces disidentes”.
Las modificaciones propuestas al Código Penal introducen la posibilidad de sancionar penalmente a personas u organizaciones que, de acuerdo con las autoridades nicaragüenses, cometan fuera del territorio nacional delitos contra la administración pública, el Estado o sus instituciones, así como ciberdelitos, entre otros, dice AI.
Los cambios incluyen la posibilidad de enjuiciar en ausencia a personas acusadas de estos delitos, lo que podría utilizarse en contra de personas consideradas disidentes por el gobierno y que no están más en el país.
“Las reformas también facilitarían la confiscación de los bienes de las iglesias y organizaciones clausuradas, lo que en términos de derechos humanos es una medida altamente cuestionable ya que vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso. Esta práctica podría servir para consolidar aún más el clima de impunidad y represión en el país.”, asegura el informe.
“Daniel Ortega está utilizando todos los recursos a su disposición para continuar ejerciendo el control absoluto de todos los espacios sociales, suprimiendo cualquier voz disidente y criminalizando la defensa de los derechos humanos, bajo la mirada tibia de la comunidad internacional”, dijo Ana Piquer.
Ante este escenario, es imperativo -dice AI- que la comunidad internacional tome medidas urgentes, coordinadas y efectivas para garantizar los derechos humanos en Nicaragua y que su modelo represivo no continúe siendo un atractivo referente de impunidad para otros países en el continente.
