EFE
Un grupo de autoridades y organizaciones indígenas pidieron este martes a las comisiones de postulación encargadas de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para el periodo 2024-2029, que realicen un proceso transparente.
“Este es un proceso de elección muy importante para nosotros porque necesitamos magistrados independientes que garanticen justicia para las víctimas y sobrevivientes”, destaca una carta de la organización indígena Plataforma Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno, entregada a los integrantes de las comisiones encargadas de elegir a las próximas autoridades judiciales del país.
Las autoridades indígenas hicieron un llamado para que aquellos magistrados, jueces, fiscales y abogados que han sido señalados de actos de corrupción no sean electos para cargos dentro de la Corte Suprema de Justicia, así como en las Salas de Apelaciones.
Además, las organizaciones sociales exigen que las tachas y señalamientos que se presenten contra los aspirantes a magistrados sean leídos públicamente y tomados en cuenta para la elección.
La elección de magistrados del Supremo es responsabilidad de una comisión, que está integrada por cinco magistrados actuales, los decanos de derecho de las universidades acreditadas en el país, así como por representantes del Colegio de Abogados de Guatemala (Cang).
Esta comisión recibió recientemente los expedientes de todos los abogados postulados y ahora están en la fase de examinar y determinar los perfiles que serán tomados en cuenta para la elección, así como eliminar a quienes no cumplan los requisitos.
Los observadores de esta elección han destacado que se trata de un proceso frágil, debido a que existen “estructuras paralelas” que buscan “conspirar contra el actual Gobierno” y elegir un Supremo que garantice impunidad para actos de corrupción de funcionarios públicos.
En 2019, el proceso de elección del Supremo en Guatemala se estancó cuando una investigación penal reveló la complicidad de abogados, magistrados y una red de operadores externos para amañar el proceso, lo que provocó un estanco de 4 años para renovar las cortes del país centroamericano.
La Organización de Estados Americanos (OEA) forma parte de las organizaciones internacionales que se han pronunciado sobre la importancia de mantener transparencia en esta elección y han desplegado una misión de observación.