Cumplir la función social de rehabilitar y reincorporar a la sociedad y al trabajo productivo es el objetivo del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), que en 2019 recibió no menos de 1,500 solicitudes para la eliminación de antecedentes penales y policíacos.
Alma Martínez, coordinadora nacional de ejecución del IDPP y personal de la institución dan acompañamiento al requirente que culminó con su proceso penal o cuyo caso haya sido sobreseído, es decir, que no tiene acciones legales pendientes de resolver.
El solicitante es asistido por un abogado de la Defensa, cuya gestión es totalmente gratuita, en las sedes ubicadas en la ciudad capital, Quetzaltenango y Chiquimula.
El tiempo que toma la restitución de los antecedentes policíacos es de un mes, y para los penales el proceso puede tardar entre 3 a 6 meses, aseveró Martínez.
Para los guatemaltecos, la rehabilitación de los antecedentes es como “un aliciente porque puede efectuar cualquier trámite y obtener un empleo”, manifestó la coordinadora. De enero a marzo de cada año es cuando más solicitudes se reciben. La asistencia legal es para personas de escasos recursos. • Sara Solórzano
