El Gobierno de Nicaragua rechazó el informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en el que lo responsabiliza por graves violaciones a los derechos de quienes participan en protestas contra el presidente Daniel Ortega, incluidas “ejecuciones extrajudiciales”.
En un documento de respuesta, el Gobierno afirmó que “rechaza de manera integral el denominado informe presentado por la ACNUDH, por considerarlo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado, redactado bajo la influencia de sectores vinculados a la oposición, y ausente del debido cuidado en su redacción de manera objetiva”.
El informe, titulado Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua, señala que el Gobierno, que hace “uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica”.
También reconoce más de 300 muertos y 2 mil heridos “por múltiples formas de represión”, y advierte de “detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado, frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención, violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión”.
Recomendó reanudar el diálogo
En el informe, la ACNUDH recomendó “poner fin inmediato” a represalias contra los manifestantes, desmantelar y desarmar a grupos progubernamentales, proteger a la población, detener arrestos ilegales, reanudar el diálogo nacional, garantizar la justicia, permitir el acceso al Consejo de Derechos Humanos y crear una Comisión de la Verdad con expertos internacionales, entre otros.
“El Estado de Nicaragua no está de acuerdo con el contenido y las recomendaciones del denominado informe, por estar basadas en valoraciones e informaciones parcializadas y subjetivas, lo que en consecuencia y de manera lógica induce a recomendaciones innecesarias y sin fundamento”, sostuvo el Gobierno.
Adicionalmente, el Ejecutivo nicaragüense alegó que la ANCUDH se extralimitó en sus funciones, y que la crisis se debe a un golpe de Estado.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas reformas de la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
