El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), solicitó al Tribunal Undécimo de Sentencia Penal que se impongan penas de 5 a 28 años de prisión en contra de 21 personas acusadas de amañar un contrato entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Droguería PISA.
Entre los procesados se encuentran exintegrantes de la Junta Directiva del IGSS y representantes de la firma farmacéutica.
Un castigo de 15 años de cárcel fue la petición contra Otto Molina Stalling, acusado por los delitos de asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones, mientras que para Julio Suárez y los demás integrantes de la Junta Directiva del IGSS, acusados por fraude, se requirieron penas de 10 años de prisión.
Los hechos
A estas personas llevadas ante la justicia, el ente investigador les sindica de aprobar y avalar un contrato irregular con la droguería PISA de Guatemala S.A., quien proporcionaría servicios de diálisis peritoneal por Q116 millones.
A través de interceptaciones telefónicas se determinó que presuntamente se cobró a PISA entre el 15% y el 16% de comisión por el otorgamiento de dicho contrato.
