El Juzgado D de Alto Impacto, a cargo de Éricka Aifán, otorgó libertad condicional a 16 acusados en supuestos actos de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, al considerar que no existía peligro de fuga y que la Ley contempla estas.
La juzgadora ordenó el arraigo, arresto en su residencia y firmar cada semana el libro de asistencia en el Ministerio Público, y fianzas de entre Q300 mil y Q500 mil a los siguientes procesados:
-Carlos René Micheo Fernández. Lavado de dinero.
-Juan Luis Tejada Argueta. Cohecho activo.
-Álvaro Mayorga Girón, Cohecho activo.
-José Luis Rodrigo Agüero Urruela. Cohecho activo.
-Rafael Ángel Díaz Samos. Cohecho activo.
-Rafael Ángel Díaz Fion. Cohecho activo.
-Jesús Augusto García Ibáñez. Cohecho activo.
-Wálter de Jesús López Acevedo. Cohecho activo.
-Julio Roberto de la Peña González. Cohecho activo.
-José Jeremías Pérez de la Cruz. Cohecho activo.
-Elder Rumualdo Vásquez Quevedo. Cohecho activo.
-Griselda Beatriz Álvarez Medina, Cohecho activo.
-Raúl Eduardo Alvarado Cuevas, Cohecho activo.
-Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga. Cohecho activo.
-Roger Marco Antonio Navas Coronado. Cohecho activo.
-Juan Francisco Sandoval Girón. Cohecho activo.
Las pesquisas nacen de varias denuncias e informaciones sobre actividades ilícitas vinculadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio. Se solicitó una serie de allanamientos en los cuales se halló documentación relacionada con operaciones de negocios en Guatemala y en otros países.
Se identificaron empresas de cartón que -por medio de la simulación de servicios- facturaban sumas millonarias de dinero proveniente de sobornos. La facturación de las empresas se realizó entre los años 2012 y 2014, cuando Sinibaldi fungió como ministro del MICIVI.
El pago a las empresas de cartón funcionaba como una especie de “ventanilla especial” para los constructores, ya que una vez depositado el dinero el engranaje gubernamental operara a su beneficio, pagándoles deuda de arrastre y/o nuevos proyectos.
En las fechas en que aparentemente se prestaron los servicios, las empresas no contaban con los activos fijos (maquinaria, camiones de volteo), personal especializado, ni la infraestructura para realizarlos. Los supuestos clientes de las empresas eran contratistas del MICIVI.
