El Ministerio Público (MP) busca que 34 personas que supuestamente fueron contratadas de forma irregular en el Congreso de la República sean procesadas por peculado por sustracción, y ayer declararon ante el Juzgado Primero A de Alto Impacto, a cargo de Claudette Domínguez, quien programó el desarrollo de la diligencia para los próximos 4 días.
Después de la indagatoria la juzgadora deberá dictar un fallo que determine si serán ligadas a proceso.
De acuerdo con las pesquisas, los miembros de las juntas directivas de las legislaturas 2014-2015 y 2015-2016 hicieron 86 contrataciones anómalas, lo cual se convirtió en una práctica habitual, a pesar de la evidente violación de las normas correspondientes.
El ente investigador identificó dos formas ilícitas para suscribir estos convenios. Una de ellas eran los nombramientos para el renglón 022 de personas que no cumplían con el perfil para el cargo, y sin justificar la necesidad del personal, en un aparente pacto entre los directivos para distribuirse los beneficios de esos actos ilegales.
La segunda modalidad se hizo con la creación de plazas fantasmas, en donde el MP logró determinar que los asignados a cada diputado no se presentaban a laborar y que prestaban servicios a otras dependencias del Estado o empresas particulares.
