El Ministerio Público (MP) pidió que 26 personas enfrenten juicio por su presunta vinculación con el Caso Botín en el Registro General de la Propiedad (RGP). Ese requerimiento fue planteado a Silvia de León, titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, quien programó el desarrollo de la diligencia para los próximos 3 días.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad, del ente pesquisidor, les señala peculado por sustracción, falsedad ideológica, fraude y lavado de dinero, entre otros delitos. Algunos de los sindicados son Anabella de León, extitular del RGP; Miriam Estela Hernández Cisneros, exdirectora Financiera; Gustavo Azurdia Morales, exjefe del Departamento de Compras y Adquisiciones; Mario Estuardo Orellana López, su esposa, Abdy Susselly Estrada, y la hija de ambos, Andrea Orellana Estrada.
Asimismo, otros de los exfuncionarios que están señalados en los actos anómalos son Donald Joseph Byrne, exdirector de Relaciones Públicas; Alma Verónica Barrios, exsubdirectora de Comunicación Social, y Óscar Raúl Alecio del Cid, exsubdirector administrativo.
La juzgadora admitió como querellantes definitivos en esa carpeta judicial a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Superintendencia de Administración Tributaria y la Contraloría General de Cuentas.
Desayunos y canastas
Carlos de León, fiscal a cargo del Caso Botín en el Registro General de la Propiedad, dijo que entre el 5 de noviembre y el 9 de diciembre de 2013 se ejecutaron 3 contratos, de los cuales 2 eran por compra de alimentos para desayuno y otro para la adquisición de canastas navideñas, por Q269 mil 933, que fue cancelado por medio de cheques a Estuardo Orellana López.
En apariencia, los servicios no se realizaron; para justificarlos, a lo interno de la entidad se estableció un mecanismo que empezaba con la solicitud que hizo Miriam Hernández, exsubdirectora de Relaciones Públicas, y que recibía el aval de Donald Byrne, quien fungía como director de esa unidad, detalló el Ministerio Público, en su oportunidad.
