Por el delito de peculado culposo, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal ligó a proceso a Roberto Guarán Jiménez, jefe del departamento administrativo, y a Luis Estuardo Urbina Aguilar, responsable de pagos y servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Las pesquisas se iniciaron por una denuncia que interpuso la Contraloría General de Cuentas luego de practicar una auditoría interna en la que lograron detectar que en 2012 y 2014 se suscribieron contratos con la empresa Comcel, por medio de los cuales se entregaron 20 computadoras de escritorio y 10 iPad.
Posición
La Fiscalía señaló que hubo negligencia en el ejercicio de los cargos, pues los acusados no pudieron demostrar la existencia física de los equipos durante las inspecciones.
El órgano jurisdiccional otorgó medidas sustitutivas, las cuales consisten en arresto domiciliario, presentarse a la sede del Ministerio Público cada 15 días para firmar el libro de asistencia, prohibición de salir del país y una caución económica de Q5 mil.
El ente investigador cuenta con un plazo de cuatro meses para profundizar en las averiguaciones y determinar el paradero del equipo.
