Ayer, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal declaró abierto el debate oral y público contra 20 sindicados de participar en actos de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la Droguería Pisa y el arrendamiento anómalo de un edificio en Chiquimula, los cuales se encuentran documentados en dos causas penales que se unificaron para celeridad procesal.
El primero en conocer los motivos que lo llevaron a la silla de los acusados fue Otto Fernando Molina Stalling, señalado de asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones por su presunta responsabilidad en el contrato adjudicado a la Droguería Pisa para el tratamiento de enfermos renales.
De acuerdo con el Ministerio Público, a cambio de la concesión Molina Stalling fue beneficiado con un 15 por ciento del valor total, Q116 millones 227 mil 35. Junto a él enfrentarán juicio Juan de Dios de la Cruz Rodríguez, expresidente del IGSS; Édgar René de la Peña Archila y Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, ex gerente general y de Ventas de Pisa, respectivamente, y 16 acusados más.
IGSS-Chiquimula
Por asociación ilícita y fraude serán juzgados Francisco Cortez Bocaletti, exjefe del Departamento de Servicios Contratados del IGSS, y Salvador Rolando Álvarez Mérida, sindicados de integrar un grupo que contrató ilícitamente la remodelación del consultorio del IGSS en Chiquimula.
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