El Tribunal Tercero de Sentencia Penal, integrado por Saúl Álvarez, Julio Gerónimo Xitumul y César Amézquita, encontró culpable a la exjueza Jisela Yadel Reinoso Trujillo de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito, por lo cual deberá cumplir una pena de 6 años por el primero y 5 conmutables por el segundo, así como pagar Q439 mil 434 de multa. Fue absuelta por el de incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y de obstaculización a la acción penal.
Los juzgadores no impusieron la pena máxima solicitada por el Ministerio Público (MP), debido a que la acusada carece de antecedentes y no tiene un perfil de alta peligrosidad.
Sin embargo, fue suspendida de sus derechos políticos e inhabilitada para ejercer cargos judiciales mientras dure la condena por enriquecimiento ilícito.
El órgano jurisdiccional le dio valor probatorio a la documentación presentada por el MP; entre esta, movimientos financieros, recibos de compra y venta de vehículos e inmueble.
Los juzgadores ordenaron que Reinoso Trujillo continúe con arresto domiciliario hasta que la sentencia quede en firme.
“Si esa ha sido la resolución del tribunal, se respeta”, afirmó Reinoso después de escuchar el fallo. “Analizaré con mis abogados y con mis hijos si impugnamos”, agregó.
Los hechos
De forma conjunta, el ente investigador y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala acusaron a la ex administradora de justicia por el incremento injustificado de su patrimonio, por tener el dominio de bienes que sobrepasan su poder adquisitivo, los cuales resultan incoherentes con el dinero que devenga como empleada pública y docente.
También la cancelación parcial de una vivienda entre mayo de 2013 y julio de 2014 desborda sus posibilidades de pago, de acuerdo con el nivel de ingresos que percibe, como lo demuestran los movimientos bancarios.
Los estados de cuenta de Reinoso Trujillo reflejaban un aumento en su patrimonio, del cual se desconoce su origen. Ello corresponde a dinero recibido en sus cuentas bancarias en efectivo y en cheques depositados por terceros. Además, algunas pertenencias de la jueza fueron canceladas parcialmente con fondos que nunca ingresaron en sus cuentas bancarias.
En los registros de la Contraloría General de Cuentas solo se encuentra una declaración jurada de bienes con fecha de 2004.
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