Por tercer día consecutivo, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, titular del Juzgado Primero B de mayor riesgo, expuso sus argumentos antes del fallo que podría dictar hoy en contra de Otto Pérez Molina, expresidente, y Roxana Baldetti Elías, exvicemandataria, y 55 personas más vinculadas en el denominado caso Cooptación del Estado. La continuación de la audiencia fue convocada para las 9:00.
“Es evidente que existió una planificación para lavar dinero”, dijo el juzgador en relación con los mecanismos que los exgobernantes utilizaron para captar el financiamiento electoral ilícito y las coimas que supuestamente recibieron por beneficiar a ciertos proveedores para que ejecutaran proyectos de Gobierno.
El administrador de justicia calificó a Monzón como “recaudador de facto del Partido Patriota”, pero dudó de que fuera el único responsable y que él tuviera el poder suficiente para estructurar todo el engranaje en solitario.
En cuanto a los recursos que se utilizaron para la campaña proselitista, explicó que los aportes fueron simulados. Resaltó una donación que la organización política recibió desde República Dominicana por Q1.5 millones, país al cual viajó Baldetti.
Asimismo, se refirió a las personas que fueron contratadas en el Legislativo pero que trabajaban en la Vicepresidencia o para los exfuncionarios.
“No es ético, ni legal, ir al Congreso a cobrar por representar empresas”, acentuó.
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