La anulación voluntaria del contrato suscrito por la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y una reparación civil al Estado por US $43.2 millones (Q331 millones) están entre las recomendaciones hechas ayer por Alexander Aizenstatd, interventor del primer ente, quien también plantea otro convenio a manera de concesión con APM Terminals, matriz de la compañía señalada.
“No estoy iniciando negociaciones con ellos (APM); esta es una ruta jurídica”, dijo el funcionario, y detalló que TCQ requiere US $18 millones (Q138 millones) para invertir este año y US $21 millones (Q161 millones) para 2017.
Aizenstatd presentó un informe sobre lo actuado al Juzgado de Extinción de Dominio, que lo nombró como interventor, tras develarse supuestos actos de corrupción en la Terminal de Contenedores, en los cuales se implica a los exgobernantes Otto Pérez y Roxana Baldetti.
La procuradora general de la nación, Anabella Morfín, indicó que la nulidad del contrato mencionado ya está planteada en los tribunales y tendría que continuar su curso.
Para el nuevo pacto se establecen una cláusula contra la corrupción, renunciar a reclamo nacional o internacional contra el Estado y la instalación de un equipo de rayos X.
“Las recomendaciones serán analizadas por la Junta Directiva, y estamos en la disposición de contribuir a la lucha contra la corrupción”, aseguró Susanne Marston, vicepresidenta de APM.
Impulsan cambios
Por su parte, diputados del bloque Todos impulsan en el Congreso distintas modificaciones a la Ley Orgánica de la EPQ, con el fin de redefinir sus funciones y transparentar su labor.
Se establece que el Ministerio de Economía debe nombrar a un representante ante la Junta Directiva de la entidad, la cual contaría con dos subgerentes, un administrativo y otro operativo. Se modifica la distribución de utilidades a las comunas, lo cual favorecería a distritos de Santa Rosa y Suchitepéquez.
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