El Tribunal Séptimo Penal, presidido por Rosa Pérez, ordenó la reparación digna por el caso de plazas fantasmas y estableció que Claudia María Bolaños Morales deberá dar una compensación de Q372 mil 897 con 14 centavos, y José Estuardo Blanco Aguilar, Q86 mil 197 con 90 centavos, por su responsabilidad en haber colaborado con el exdiputado del Congreso de la República, Pedro Muadi.
La investigación determinó que Bolaños Morales, administradora única de la empresa Productos, Servicios y Equipos, S. A., propiedad de Muadi, tenía firma registrada en 29 cuentas a nombre de trabajadores del Legislativo, quienes devengaban salarios de entre Q7 mil y Q20 mil, con cargos de secretarias ejecutivas, asistentes administrativos, técnicos operativos y guardias parlamentarios. La sindicada también utilizaba su cuenta para depositar su salario, de Q20 mil, pero no acudía a trabajar al Congreso.
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