El Ministerio Público presentó planes castrenses como parte de las pruebas que fundamentan la solicitud de apertura a juicio contra 11 militares vinculados con el caso de Creompaz.
La diligencia se desarrolló a puerta cerrada, a solicitud de la jueza Claudette Domínguez, a cargo del desarrollo de la etapa intermedia.
De acuerdo con las pesquisas presentadas por Hilda Pineda, fiscal encargada del proceso, se busca convencer a la juzgadora sobre la implicación de los acusados en presuntas desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno.
El expediente consta de 20 mil 828 folios que contienen prueba testimonial, documental y pericial.
Las pesquisas detallan que entre 1981 y 1982, elementos del Ejército llevaron a no menos de 500 personas a la Zona Militar Número 21, en la aldea Chicoyogüito, Cobán, Alta Verapaz, donde fueron asesinadas y enterradas sin que sus familiares supieran sobre su paradero.
Durante 3 años de trabajo, los investigadores estudiaron 4 fosas, donde encontraron 558 osamentas, que pertenecerían a 90 menores, 446 adultos y 22 más cuya edad no se ha determinado. Los restos de 97 personas fueron identificados mediante pruebas de ADN.
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