Los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude les imputó el Ministerio Público (MP) al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicemandataria Roxana Baldetti, señalados de liderar una red que habría recibido sobornos para la firma del contrato de instalación de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
De acuerdo con Juan Francisco Sandoval, fiscal del proceso, la agrupación habría concertado roles para lograr que la Empresa Portuaria Quetzal suscribiera el convenio de usufructo oneroso de 34 hectáreas, por 25 años prorrogables.
Tras dar lectura a los señalamientos, Sandoval puntualizó que Pérez Molina recibió Q31.3 millones en comisiones ilícitas, igual que Baldetti, fondos que, según dijo, fueron utilizados para la compra de bienes inmuebles y vehículos.
La larga indagatoria está a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, quien aplazó la diligencia para hoy, con el objetivo de escuchar la imputación a las otras 10 personas supuestamente vinculadas con los presuntos actos ilícitos.
Antes de ingresar en la sala de audiencias, el exgobernante manifestó que se sentía arrepentido de haber avalado la prórroga del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Esperan acuerdo
En una reunión con la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, la procuradora general de la nación, María Eugenia Villagrán, afirmó que recibió instrucciones de forma verbal del mandatario Jimmy Morales para presentar la denuncia de nulidad del acuerdo con TCQ.
“Cuando el Presidente y el Consejo de Ministros emitan el acuerdo gubernativo en el cual se autorice plantear la demanda, pondremos la acusación ante los tribunales de justicia en un lapso de 15 a 20 días”, expresó Villagrán, y ratificó que se solicitará que se ligue a proceso a todos los implicados, en referencia al Gabinete de Pérez Molina.
Rechaza acusación
Como “inconsistente y carente de fundamento jurídico” calificó Vladimir Aguilar, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la denuncia presentada en su contra por el bloque Encuentro por Guatemala, por no haber tomado acciones en el asunto que originó el caso judicial conocido ahora como TCQ, cuando estuvo a cargo de la Procuraduría General de la Nación, durante el período 2013-2014.
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