El nuevo gobierno brasileño presentó el martes ante una comisión legislativa una propuesta de enmienda constitucional que pretende congelar durante 20 años el aumento de los presupuestos, a fin de corregir un proceso degenerativo de las cuentas públicas.
El presidente Michel Temer espera que esa reforma, que solo permitiría ajustar el gasto público en función de la inflación, entre en vigor ya en 2017, aunque el texto presentado aplaza hasta 2018 su aplicación en las áreas sensibles de salud y educación.
La medida ya había sido anunciada en junio y es la primera del gran ajuste impulsado por Temer, quien fue confirmado en el cargo a fines de agosto tras la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff. En la fila vienen otras con fuerte volatilidad política y social, como la reforma del sistema de jubilaciones y de la legislación laboral y una mayor apertura del sector petrolero.
Una reforma constitucional tiene que ser aprobada en dos votaciones en la Cámara de Diputados y en otras dos en el Senado, en todos los casos por una mayoría de tres quintos de los votos.
La congelación del aumento de gastos debería obtener fácilmente esa mayoría, en momentos en que la izquierda vive un fuerte repliegue confirmado por los reveses del Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Lula da Silva en las elecciones municipales del domingo pasado.
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