El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dirigieron 43 allanamientos en la capital e Izabal y ejecutaron 23 órdenes de captura de personas involucradas en financiamiento electoral ilícito para la campaña del Partido Patriota (PP), denominado Cooptación del Estado.
La red utilizó canales de la democracia para llegar al poder y, luego, las entidades que colaboraron con ellos les retribuyeron los fondos durante la gestión, según la fiscal general, Thelma Aldana, y el titular de la CICIG, Iván Velásquez.
El objetivo era el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero. Los principales beneficiados fueron Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, expresidente y exvicemandataria, ambos procesados por delitos de corrupción.
De acuerdo con lo informado, la televisión nacional recibió beneficios millonarios en pauta durante el gobierno del PP. Esta estructura trabajó mediante 3 modalidades: conglomerado televisivo nacional, constructoras y simulación del origen del financiamiento reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En 2008, Pérez Molina se perfilaba como candidato y establecieron un entramado de empresas para captar fondos ilegales para pagos a canales y radios. Aldana mencionó: “Radiotelevisión Guatemala S. A., Canal 3 y Televisiete recibieron Q17 millones”.
La inversión total en los medios televisivos fue de Q261 millones 590 mil 50. Vea Canal S. A. recibió Q664 mil 936; Tele Once S. A., Q13 millones 104 mil 650.90; Trecevisión S. A., Q13 millones 274 mil 364.79; Publivisión de C. A. / Cablevisión, Q14 millones 479 mil 719.20; Canal Antigua S. A., Q17 millones 531 mil 887; TVN S. A. / Guatevisión, Q17 millones 992 mil 807.49, y TVA Guatemala, S. A. / Azteca Guate, Q20 millones 160 mil 565.56
Canal 3 y Televisiete devolvieron parte de esa inversión:Radio Televisión Guatemala / Canal 3 retornó Q99 millones 60 mil 333.12, y Televisiete S. A., Q117 millones 207 mil 429.40, lo que suma Q216 millones 267 mil 762 con 52.
El jefe de la CICIG indicó que en el financiamiento electoral ilícito se utilizaron también empresas de cartón.
Se simuló el origen del financiamiento reportado al TSE. De acuerdo con las pesquisas, no se informó de Q50 millones.
El juez Miguel Gálvez hizo saber a los acusados el motivo de su detención y los envió provisionalmente a la cárcel Mariscal Zavala. El lunes rendirán su primera declaración.
Se giraron órdenes intrernacionales de captura contra Alba Elvira Lorenzana, Viviana Urízar, Jorge Balcárcel, Alfonso España, Carlos Ruiz, Jurgen Widmer y Graciela López.
Reactivar a TCQ
El Juzgado de Extinción de Dominio ordenó el embargo, con carácter de intervención, de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Con esa acción se busca trasladar al Estado los bienes, acciones, títulos y ganancias, que se habrían utilizado de manera anómala. “No es para liquidar la empresa, sino para reactivarla”, dijo Alexander Aizenstatd, el interventor, cuyo nombramiento lo anunciaron ayer el presidente Jimmy Morales y la fiscal Thelma Aldana.
Morales destaca jornada contra la corrupción
“Hoy se está enviando un mensaje claro a los funcionarios actuales y pasados, de que nadie es superior a la Ley”, dijo el presidente, Jimmy Morales, respecto de la aprehensión de la red que estafó al Estado mediante el financiamiento electoral ilegal. El vicepresidente Jafeth Cabrera, en relación con la detención de Rudy Gallardo, director del Registro Nacional de Personas, dijo que solicitaría información del caso para analizar la situación con el Presidente, ya que esa es una institución importante para el país. Sobre el tema, Hugo Novales, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, declaró que es importante tomar en cuenta que muchos de ellos son funcionarios y exfuncionarios, y en ese sentido hay que reconocer que sí hay un vínculo entre la corrupción en la administración pública y el financiamiento de muchos partidos políticos. “Con lo ocurrido, vamos a obtener mucha información de cómo exactamente funciona la relación entre la corrupción en el Estado y el financiamiento de partidos políticos, y con ello dar luces para mejorar la regulación existente sobre este respecto”, agregó. Por su parte, el titular del Legislativo,Mario Taracena, calificó de positiva la captura de tres empleados de ese organismo en los operativos efectuados ayer, por considerar que con esto se empieza la depuración del personal que ha incurrido en anomalías. La Contraloría General de Cuentas ha denunciado la existencia de grupos familiares que laboran en el Parlamento, por lo que, según el diputado, esta podría ser otra línea de investigación.
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