Por considerar que pudieron haber incurrido en actos ilícitos, el contralor general de cuentas, Carlos Mencos, denunció penalmente a los exfuncionarios del ente fiscalizador que analizaron el contrato de usufructo suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Según el funcionario, para la emisión del dictamen correspondiente no se habrían tomado en cuenta opiniones internas sobre las implicaciones legales del acuerdo, “por lo cual quedará en manos del Ministerio Público establecer los posibles delitos”, en los que pudo resultar relacionada la excontralora Nora Segura.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha empezado a tener acercamientos con diferentes bufetes jurídicos, con el propósito de determinar cuál sería el más idóneo para llevar el caso de la nulidad del contrato con TCQ, dijo Eugenia Villagrán, titular de esa institución.
Buscan desvirtuar testimonio
En los tribunales, los abogados de los acusados de cometer fraude por el contrato otorgado a la empresa TCQ argumentaron ante el juez Miguel Ángel Gálvez contra las declaraciones de Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz.
César Calderón, defensor del expresidente Otto Pérez Molina, solicitó la falta de mérito, aduciendo que Monzón no dice la verdad, y resaltó que en el usufructo no se invirtieron fondos del Estado.
En la audiencia
Fernando Guerra, abogado de la exvicemandataria Roxana Baldetti, señaló de “mentiroso” al testigo, mientras que Juan José Suárez, representante legal de la empresa TCQ, manifestó que es “una gigantesca y burda mentira” lo dicho por el colaborador, quien implica a los acusados en un supuesto fraude.
Solicitan opinión
En reunión con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, el comisionado presidencial de Puertos y Aeropuertos, Enrique Godoy, indicó que se solicitó a la Procuraduría General de la Nación su opinión sobre la legalidad de unos 15 usufructos en la Empresa Portuaria Quetzal, suscritos entre 2012 y 2013 por Allan Marroquín y Julio Sandoval, entonces interventor y subinterventor de la entidad.
“Se busca determinar si la firma de estos acuerdos era facultad de los señalados”, resaltó Godoy.
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