El vocero presidencial Heinz Hiemann anunció anoche que el gobernante Jimmy Morales dio el visto bueno a la solicitud de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que comience las gestiones legales con el objetivo de anular el contrato de usufructo oneroso suscrito en 2012 entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
“El Presidente ha solicitado que se protejan todos los intereses, derechos y bienes del Estado que están en juego en este momento, no solo por lo que puedan representar económicamente, sino por el beneficio que puede percibirse a futuro para el país”, declaró el portavoz.
Por la mañana, el mandatario expresó que la PGN, al amparo de la Ley, propondrá la ruta para el efecto “contratando a los mejores abogados para defender, por sobre todo, los intereses del Estado”.
Asimismo, la procuradora María Eugenia Villagrán indicó que la demanda se hará ante los tribunales en un período de entre 15 y 20 días. Asimismo, refirió que se buscará que la nación sea resarcida por la operación anómala, pues estuvo plagada de vicios e irregularidades.
Decisión satisface
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, expresó: “La decisión es correcta; es la ruta que hay que seguir, la nulidad del contrato, y que bueno que al final se autoriza a la PGN para que inicie el proceso. La consecuencia va a ser positiva para el Estado de Guatemala”.
Finaliza acusación
En cuanto al proceso que se sigue por la firma supuestamente anómala del convenio con TCQ, por cuarto día consecutivo, Juan Francisco Sandoval, fiscal del Ministerio Público (MP), presentó indicios y finalizó con la imputación de los delitos contra 12 personas señaladas de promover la suscripción a cambio de un beneficio económico.
Sandoval argumentó, al atribuir los cargos, que el 26 de marzo de 2013 Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la Vicepresidencia, cerró el pacto ilegal y se lo hizo saber a Pérez Molina, con la forma y cronograma de pagos de los Q188.6 millones (US $24 millones), como exigían los ex altos funcionarios.
El fiscal aseguró que Pérez Molina, en su calidad de jefe de Estado, facilitó el negocio y promovió reuniones para demostrar que el proyecto tenía respaldo gubernamental, a fin de que la empresa contratista obtuviera recursos por medio de préstamos en la banca nacional e internacional.
Refuta acusaciones
Al finalizar la acusación del ente investigador, Pérez Molina se pronunció y negó todas las sindicaciones. Según dijo, la construcción de la infraestructura portuaria es estratégica para el país y fue parte importante del plan de su gobierno.
Sobre los supuestos sobornos aseguró: “No recibí ni un centavo”, y argumentó que se trata de un caso falso en su contra.
Ayer también pudo pronunciarse el sindicalista Julio César Zamora, quien acusó a Monzón de haberle amenazado a él y a otros integrantes de su organización, para que dejaran de oponerse al proyecto.
Baldetti, por su parte, prefirió no emitir declaraciones y el juez Miguel Ángel Gálvez programó continuar la diligencia hoy.
MP investiga a Gabinete
El jueves de la semana pasada, la procuradora general de la nación, María Eugenia Villagrán, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el Gabinete de gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, por su presunta vinculación en el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal.
De acuerdo con la fiscal general, Thelma Aldana, ya se comenzó, con base en esa acción, con las pesquisas, y añadió que se realiza un análisis exhaustivo. En el documento, la procuradora no especificó nombres, únicamente señaló que son 13 exministros los señalados.
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