Las 21 cárceles del país, entre preventivas y de condenas, tienen la capacidad de albergar a 6 mil 800 reclusos. Sin embargo, a enero se contabilizaban 20 mil 14, lo cual causa hacinamiento, desorden, conato de motines e impide la rehabilitación integral de los reos.
El problema es de todos conocido, y motivo de debate entre funcionarios de Gobierno y actores sociales vinculados con el tema de las prisiones, quienes han propuesto una diversidad de soluciones.
Ante ello, los encargados del sistema penitenciario anunciaron una medida concreta que paliaría la situación, mientras se concreta la construcción de más cárceles. Se trata del remozamiento de los centros de detención, que permitirá la reclasificación de los internos e internas, ya que granjas destinadas a cumplir condenas son utilizadas para prisión preventiva, y no existe un área específica para sentenciados por delitos menores y hechos vinculados con el crimen organizado.
En el caso de las mujeres, se aislará a las madres y a sus hijos, a quienes se ubicará en un espacio específico que garantice sus derechos elementales, como alimentación y atención médica. También se corregirá el sistema de atención a los detenidos en general. Por ejemplo, si alguien padece de diabetes, su dieta será la adecuada y no la que se le proporciona al resto de la población.
En el tema del hacinamiento, una mesa conformada por el Ministerio de Gobernación, el Organismo Judicial, la Defensa Pública Penal y los encargados de Presidios ya trabaja en el análisis de expedientes de los reclusos que cumplen una pena, con el fin de verificar si llenan los requisitos para la redención de esta.
Los esfuerzos del sistema penitenciario son importantes, pues con ellas se busca la rehabilitación integral de los presos y su pronta reinserción a la sociedad cuando cumplan su condena.
Se debe reconocer la iniciativa, la cual se desarrolla a pesar de las limitaciones financieras y humanas. Por ello, es importante el acompañamiento de los cooperantes, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos, con el fin de transparentar las acciones en cuestión.
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