Transparentar el uso de los recursos

En el marco de la reunión del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed), celebrada ayer, el vicepresidente Jafeth Cabrera propuso la fiscalización del dinero extinguido al crimen organizado, el cual se entrega a las instituciones estatales.

El vicemandatario insistió en que se debe transparentar el uso de esos fondos, para no generar dudas, y pidió a cada una de las instancias beneficiadas que envíe un informe detallado a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

Durante la sesión también se dio a conocer la reciente distribución de Q10 millones 960 mil entre el Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Organismo Judicial, Procuraduría General de la Nación y la Senabed, confiscados al crimen organizado el año pasado.

Además, el vicemandatario solicitó un estudio para determinar el valor real de cada uno de los 9 inmuebles que la Secretaría tiene en alquiler y que generan Q59 mil 400 al mes, siempre con el afán de rendir cuentas claras.

Respecto de las propiedades decomisadas, el vicepresidente comentó que podría ser una opción para edificar centros para privados de libertad, pero que es imperativo realizar estudios profundos para verificar las condiciones en las que se encuentran.

Se debe hacer un análisis amplio enfocado en las dificultades de su ubicación o por la cercanía a alguna comunidad o población, que pudiera estar en riesgo, porque las cárceles deben estar en lugares apropiados.

Hay que reconocer el esfuerzo impulsado desde el Ejecutivo, pues está respondiendo al clamor del pueblo, el cual pide cuentas claras sobre el uso de los recursos, no solo de los que se han congelado al crimen organizado, sino también de los procedentes del pago de sus impuestos.

El vicepresidente ya giró las instrucciones para que cada institución favorecida  con el dinero que se le ha quitado a las organizaciones ilegales rinda los informes de gastos o inversión de los fondos. Es importante también que se haga lo correspondiente en el tema de los proyectos que se contemplen en los inmuebles decomisados, para que estos cumplan los estándares de calidad y de seguridad.