La Suprema Corte de Estados Unidos aceptó ayer analizar la legalidad de los decretos firmados en noviembre de 2014, por el presidente Barack Obama, sobre alivio migratorio, medidas que están bloqueadas por la Justicia.
Los dictámenes permiten la regularización de hasta 5 millones de inmigrantes en situación irregular que tienen hijos estadounidenses, aunque las medidas fueron suspendidas después que un tribunal federal de Texas cuestionara su constitucionalidad, alegando que el mandatario se excedió en el cumplimiento de sus atribuciones.
La iniciativa del jefe de la Casa Blanca es considerada una amnistía para extranjeros que permanecen ilegalmente en el país.
Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que las resoluciones fueron una necesidad ante la incapacidad del Congreso de legislar sobre el mencionado asunto.
Contenido
La principal medida de los decretos presidenciales es la que permite a personas cuyos hijos nacieron en Estados Unidos o ya regularizaron su situación, un permiso temporal de trabajo y tramitar su permanencia en el país.
La implementación de los acuerdos literalmente protege a personas del riesgo de la deportación, una de las más apremiantes demandas de las entidades de defensa de los inmigrantes.
Sin embargo, el fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, encabezó una alianza de 25 estados, los cuales cuestionaron la legalidad de los dictámenes, argumentando que el jefe de Estado invadió una atribución que es exclusiva del Congreso.
En nota oficial
El representante texano expuso que los límites de la autoridad presidencial fueron excedidos cuando Obama de manera unilateral intentó garantizar una presencia legal de no menos de 4 millones de extranjeros que residen en Estados Unidos.
Deja un comentario