La presunción de inocencia fue reconocida con el fin de abolir la tortura.
Me pregunto si algún investigador o institución ha establecido cuántas personas son obligadas a dejar sus empleos o a esconderse, debido a que sus nombres han sido citados por un periódico o un telenoticiero, sin que haya juicio y sin el ejercicio del derecho de defensa. De estas injusticias nadie habla. Muchos periodistas han asumido que su oficio consiste en fiscalizar la conducta de sus semejantes, en especial cuando se sospecha que el Gobierno o ciertos mercaderes quieren ocultar sus negocios.
Las posibilidades de colisión entre la justicia y la información son numerosas. Este choque debería clarificar la función que deben cumplir los medios de comunicación social. Desde otra perspectiva se pone en evidencia el incumplimiento frecuente de la “pronta y cumplida” administración de justicia. Si las denuncias periodísticas no están bien fundamentadas se produce una intromisión informativa cuando el Ministerio Público es incapaz de respaldar sus acusaciones. Un medio de prensa puede alertar sobre la comisión de hechos delictivos, pero la investigación criminal es una función exclusiva del Estado. El trabajo reporteril y las indagaciones de los fiscales no son actividades complementarias o que deban coordinarse. De ahí la necesidad de revisar las relaciones entre Información y Poder Judicial, cuya piedra de toque es la presunción de inocencia. No puede haber justicia sin información, pues la información es un acto de justicia. A la vez, no puede haber información que no asuma la Justicia como referencia indispensable. De ahí que el respeto irrestricto de la presunción de inocencia promueve la justicia, o lo que es lo mismo, es una exigencia a que debe someterse toda información.
En esta época en que se clama por la aplicación de la ley, es primordial revitalizar las profesiones informativas y judiciales mediante la observancia ética de la presunción de inocencia en su dimensión periodística. De otro modo, la labor periodística se proclama como una religión laica cuyos oficiantes son inquisidores que, bien lo ha demostrado la Historia, son proclives a la intolerancia en su exceso de celo.
La presunción de inocencia fue reconocida en el artículo 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el 26 de agosto de 1789. Este principio fue introducido para abolir la tortura como instrumento procesal. Los revolucionarios franceses lucharon contra el absolutismo, que ahora no solo proviene del Estado, sino hasta de las redes sociales convertidas en medios de prensa. Debe protegerse el derecho a la información, pero no es admisible que se viole constantemente la presunción de inocencia.
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