Sin Pacto Fiscal, el Gobierno de Jimmy Morales no logrará una reforma tributaria.
Dentro de 4 meses se cumplirán 20 años de la suscripción de los Acuerdos de Paz.
Durante las negociaciones, las partes aceptaron establecer una Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz (CAAP), conformada por miembros de la sociedad civil y del sector privado. Su cometido es lograr pactos sociales y políticos para garantizar la paz. Esta estrategia se trasladó al ámbito fiscal con la integración de la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal (CPPF), en marzo de 1999. Los Acuerdos de Paz contienen el compromiso de aumentar la tributación hasta 12 por ciento del PIB, y el CPPF tenía la finalidad de elaborar una propuesta base para la concertación de un Pacto Fiscal, producto de consultas con distintos sectores sociales y de diversos estudios técnicos.
Sin embargo, el Pacto Fiscal de 2000 no se cumplió. Desde entonces, cada gobierno que siguió repitió el esfuerzo de formar un pacto social, o bien político, para lograr una reforma tributaria.
Los gobiernos han fracasado en sus propósitos de modernizar el sistema tributario, que permita al Estado cumplir con sus obligaciones de proteger a la persona y la familia, como reza la Constitución. Por eso, los cambios impositivos no se lograrán, pues antes no se convocó a un Pacto Fiscal.
Varían las razones que no han viabilizado la reforma tributaria. Ciertos actores sociales presionaron para diluir la reforma; en otra ocasión, abandonaron las mesas de diálogo. La única reforma que avanzó fue la de 2012, en el gobierno de Pérez Molina cuando no hubo esfuerzo de pacto fiscal. En esencia fue la misma propuesta de reforma del gobierno anterior; y pasó con apoyo de la oposición partidaria y el sector privado.
El fracaso del proceso de reforma tributaria en Guatemala expresa la situación política del país, en la que los actores sociales en oposición a la construcción del Estado han encontrado en las instituciones políticas amplias oportunidades para oponer una reforma tributaria. A pesar del gran logro final de la reforma de 2012, Guatemala continúa con un Estado cuyas políticas exacerban la inequidad y faltan recursos para responder a necesidades sociales, con lo que el mismo Estado no ha brindado la protección a la persona y a la familia estipulada en la Constitución Política de la República, o sea, no ha garantizado la seguridad humana de las personas.
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